Amnistía Internacional es un organismo que sigue temas relacionados con los humanos reconocido globalmente. Su oficina central está en Londres. Su Sede Argentina publicó en los últimos días un informe titulado “Disenso en riesgo”, donde arroja las “cifras alarmantes” sobre los hechos represivos ocurridos en nuestro país en 2024.
Con el relevamiento de solo 15 manifestaciones, denuncia “más de 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y represión contra niños y niñas: Desde Amnistía Internacional publicamos un informe y un sitio web en los que documentamos serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del «Protocolo Antipiquetes».
🚨 Más de 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y represión contra niños y niñas: Desde Amnistía Internacional publicamos un informe y un sitio web en los que documentamos serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del «Protocolo… pic.twitter.com/ZoTHnY38Y4
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) December 19, 2024
En el informe, dividido en distintas partes, aclara que “1155 es, hasta el momento, el número de personas heridas como consecuencia del accionar violento de las fuerzas durante las protestas. Estas cifras son aproximadas ya que no se cuenta con cifras oficiales sino que es un dato construido a partir de los informes publicados por la Comisión Provincial por la Memoria hasta el 20 de noviembre 2024 y entrevistas realizadas por Amnistía Internacional”.
Uno de los casos que toma como más emblemático es el de Matias Aufieri, abogado del CeProDH, militante del PTS y columnista de La Izquierda Diario, que perdió la visión de un ojo durante las movilizaciones contra la Ley Ómnibus.
Según Amnistía, se comprueba “el uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o “tonfas”, por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Otra parte del informe se refiere a la criminalización de la protesta. Amnistía contabiliza 73 personas criminalizadas por su participación en las protestas. Según aclara, el dato es construido a partir del análisis de informes publicados por la Comisión Provincial por la Memoria hasta el 20 de noviembre 2024, respuestas de pedidos de información pública al Ministerio de Seguridad y entrevistas realizadas por Amnistía Internacional.
Esta política, según el organismo, está acompañada por un “discurso criminalizante por parte de las autoridades”. En ese marco hace un repaso de distintas declaraciones y concluye que “el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se han expresado en sus redes sociales, a través de comunicados oficiales o en medios de comunicación felicitando a las fuerzas de seguridad por el accionar en los operativos policiales implementados en las protestas, pese a los niveles de violencia y abuso cometidos”.
Además señala el ataque al periodismo. Según Amnistía, “desde enero de 2024 han resultado heridos numerosos periodistas, movileros, camarógrafos, y trabajadores de prensa, quienes estaban trabajando y cubriendo las distintas manifestaciones; solamente considerando las protestas en la plaza del Congreso mientras se debatía la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales que fueron agredidos mientras cumplían sus funciones”.
El número supera los 100 trabajadores y trabajadoras de prensa atacados, si tenemos en cuenta el 20 de diciembre, la Ley Bases y las posteriores movilizaciones, según han denunciado los sindicatos de prensa y hemos reflejado (y sufrido) también desde La Izquierda Diario.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, concluye que: “Durante este primer año de gestión, las autoridades nacionales han elegido la confrontación y la violencia, prácticas propias de gobiernos autoritarios como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente. La violenta represión de la expresión del disenso en las calles ha dado claras muestras de ello. El derecho a la protesta es esencial para el funcionamiento de una democracia. Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”.
“Disenso en riesgo” sale en un momento especial. Esta semana hubo una fuerte represión a trabajadores de frontera en Salta, que dejaron como saldo un muerto y decenas de heridos. Contra esa represión, en homenaje a las jornadas de diciembre de 2001 y para seguir forjando una resistencia que derrote el hambre y la represión de Milei, habrá una jornada de protesta en Plaza de Mayo.