Tras ocho jornadas de exposiciones en la Legislatura, la audiencia pública por la actualización del Código Urbanístico (CUR) terminó con varias preguntas abiertas de cara al tratamiento en segunda lectura del proyecto. Funcionarios del gobierno porteño defendieron las modificaciones que, aseguran, contribuirán a proteger el patrimonio en los barrios residenciales y a desarrollar la zona sur de la ciudad, mientras que las organizaciones vecinales advirtieron que el proyecto no refleja una visión «integral» de la ciudad porque está basado sólo en la construcción y que no incorpora con rigor los proyectos presentados por la ciudadanía en cada barrio. Ahora la actualización deberá ser debatida nuevamente en comisiones para pensar posibles incorporaciones al texto definitivo a tratar en el recinto.
Los encargados de presentar en la audiencia pública las modificaciones que el GCBA propone introducir al Código, vigente desde el año 2018, fueron los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Su titular, Álvaro García Resta, comentó los principales lineamientos de las modificaciones. «Queremos generar equilibrio en la ciudad en tres escalas: la escala ‘ciudad‘, la escala ‘barrio‘ y la escala ‘manzana‘», sostuvo. La primera de las escalas se basa en un diagnóstico que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio del debate: que la construcción de la ciudad está demasiado concentrada en la zona norte. La actualización del CUR, así, incorporará mecanismos de incentivo para desarrollar la constructividad en la zona sur.
Pero son las escalas «barrio» y «manzana» las que, en principio, deberían cumplir la función de responder a los masivos reclamos que desde la aprobación del Código en 2018 se fueron incrementando en la ciudad por el avance de inmobiliario en los barrios residenciales. La modificación más relevante en este punto es la de las unidades de sustentabilidad, la figura del Código que estipula cuánto y cómo se puede construir en cada parcela: alturas, capacidades constructivas, superficies o centros libres de manzana, entre otros puntos.
En el CUR actual existen seis de esas unidades divididas en Alta, Media y Baja. El texto propuesto busca pasar de seis a siete, incorporando la Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 0, que pasaría a ser la unidad mínima con un tope de 9 metros de altura y una ampliación de los pulmones de manzana. También las actuales USAB 1 y 2 tendrían una extensión en los pulmones, reduciendo la superficie a construir en las parcelas. La USAB 0 se aplicaría en distintas zonas residenciales de la ciudad, «particularmente en los corazones de los barrios donde recibimos la mayor demanda», según indicó en la audiencia la directora general de Desarrollo Urbano, Sandra Tuya. García Resta añadió a esto que la actualización también apunta a concentrar construcciones no en las calles internas sino en las avenidas, a modo de corredores.
Del otro lado, la mayor parte de las intervenciones críticas del proyecto compartieron un diagnóstico: que las modificaciones están excesivamente vinculadas a la construcción, sin tener en cuenta otros mecanismos del Código. Barbara Rossen, arquitecta y directora de Derechos de Acceso a la Ciudad de la Defensoría del Pueblo, dijo en este sentido que la actualización propuesta «se centra exclusivamente en las capacidades constructivas de las parcelas«. «No incorpora criterios reales de sustentabilidad, de protección ambiental, de incremento de espacios verdes públicos ni hubo diagnóstico o informes sobre lo que se está debatiendo», señaló Rossen, quien recordó que el proyecto «debería responder a lo estipulado por el Plan Urbano Ambiental (PUA), pero eso no se cumple ya que se presentó antes de la actualización del Plan».
En el mismo sentido se expresó el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien además de mencionar la falta de actualización del PUA recordó que la ciudad tampoco tiene un Código de Ambiente «que tendría que ser el compañero de este Código». El abogado sostuvo que, desde 2018, «los problemas urbanos se han complejizado en todas sus dimensiones y parte de esos problemas se deben a que no hay una planificación en serio y al aumento de capacidades constructivas en la ciudad».
Rosa Aboy, arquitecta y directora del Área de Políticas Urbanas y Ambiente del Instituto Ciudad, también se manifestó en un sentido similar sobre la falta de «integralidad» del CUR actual y de las modificaciones propuestas: «Carece de una visión que considere factores fundamentales como la movilidad, el transporte, la sostenibilidad y las infraestructuras necesarias para un desarrollo urbano balanceado», señaló y puntualizó en el caso de la vivienda al advertir que «un 36 por ciento de los hogares en la ciudad son inquilinos» y el proyecto no incluye «ninguna normativa que promueva soluciones de alquiler accesibles».
Antes de la audiencia pública, la Comisión de Planeamiento Urbano también realizó una serie de mesas de trabajo por comuna, de la que participaron representantes de las juntas comunales y de los consejos consultivos para llevar las preocupaciones específicas de los barrios. Según pudo saber Página 12 a través de diversas fuentes legislativas, no habrá en la comisión grandes modificaciones generales al texto que se debatirá en el recinto, aunque sí existe la posibilidad de incorporar cambios puntuales por comuna.
Las organizaciones vecinales de más de diez barrios presentaron en los últimos años diversas propuestas para modificar la normativa del CUR en sus áreas para intentar frenar el avance de las construcciones. Antes del inicio de la audiencia, 25 organizaciones de las 15 comunas porteñas difundieron un comunicado en el que pidieron que se dé verdadero tratamiento a esos proyectos, algo que sus representantes volvieron a reclamar durante la audiencia pública. Además, pidieron al GCBA que realice «un proceso de evaluación del Código serio, adecuado e integral» con las etapas del Monitoreo General y Particular dentro de la Evalución Obligatoria e Integral que estipula la propia ley de creación del CUR.