En estos días, el tema de la corrupción asociada a la gestión estatal ha ocupado el centro del debate público. Resulta oportuno plantear entonces los siguientes interrogantes:
* ¿Es un acto de corrupción o, en forma matizada, puede sospecharse de corrupción que funcionarios participen al mismo tiempo en sociedades comerciales y asociaciones empresariales?
* ¿Existen conflictos de interés y procesos de captura de la decisión pública en el doble rol de los funcionarios (cargo público y en el sector privado a la vez), situaciones que pueden ser definidas como prácticas corruptas?
* ¿La denominada “puerta giratoria”, expresión que alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de las trayectorias laborales, es corrupción?
Si las respuestas a estas preguntas son positivas, se arriba a la conclusión de que el gobierno de Javier Milei tiene marcados rasgos de la corrupción.
¿Por qué? Porque un tercio de sus funcionarios (29%) ocupa cargos de dirección en empresas privadas. De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales, que operan en 17 sectores de actividad.
¿En qué dependencias? La mayoría, en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete, áreas clave en la distribución de recursos públicos y en la definición de medidas que impactan en la cuenta de resultados de empresas privadas.
¿Existe corrupción aceptable y corrupción repudiable?
En general, cuando se tratan de gobiernos de derecha, en este caso de ultraderecha, estas cuestiones no son evaluadas como corruptas. Por el contrario, se elogia que personas del sector privado asuman la tarea de participar en la gestión pública.
Los bolsos de López es un acto de corrupción evidente. Existe un intercambio dinerario por un beneficio otorgado a una empresa. ¿No lo es la toma de una decisión estatal, que implica ganancias millonarias para una empresa o un sector económico, definida e implementada por un funcionario que a la vez trabajó o sigue en la nómina de directorio de firmas participantes de ese mercado beneficiado? En este caso no habría intercambio dinerario porque es el mismo sujeto (de un lado y del otro del mostrador) beneficiado.
Se lo considera sólo una violación a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública. Es un poco más que eso.
No hay corrupción tolerable ni inaceptable. Cobrar coimas, favorecer a una empresa en licitaciones, funcionarios impulsando medidas que benefician, con ingresos millonarios, a compañías donde trabajaban o siguen trabajando, son prácticas corruptas.
Conflictos de intereses y captura de la decisión pública en el gabinete nacional
Ana Castellani es una investigadora dedicada a estudiar las elites, quiénes las componen, la relación que entablan con el poder político y la participación directa que tienen en los gobiernos. Su último trabajo es “Funcionarios públicos, intereses privados. Análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del gabinete nacional”, publicado en el Observatorio de las Elites, de Citra-Conicet-Umet.
Presentó el análisis de la participación de funcionarios públicos en sociedades comerciales y asociaciones empresarias en el gobierno de Milei. A partir del relevamiento realizado advierte sobre “situaciones de alto riesgo de conflictos de intereses y captura de la decisión pública en el gabinete nacional, especialmente en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete”. En otras palabras, corrupción mileísta.
Castellani ofrece algunos datos abrumadores que apuntalan esta idea:
* Como se mencionó antes, sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad.
* Este tipo de perfil de funcionario atraviesa toda la escala de rangos de autoridades superiores de la administración pública centralizada, con especial concentración en el cargo de secretarios: ministros (4 de 8), secretarios (33 de 60) y subsecretarios (35 de 117).
* De los 55 funcionarios que registran participaciones, la mayor parte se desempeña en el Ministerio de Economía (23) y en la Jefatura de Gabinete (7 más los 5 del ex Ministerio del Interior).
* De las 182 participaciones, 106 se concentran en el Ministerio de Economía, que emerge como el lugar privilegiado para los entrecruzamientos de intereses públicos y privados.
* En cuanto al tipo de sociedad, el 56% de las 182 participaciones son en Sociedades Anónimas, el 21% en Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 19% en Sociedades Extranjeras.
* Más del 50% de las empresas (97 de 171) operan en cinco sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y actividad agropecuaria. De las 182 que registran los funcionarios, 26 son en el sector energético, 23 en empresas tecnológicas, 19 en servicios financieros, 19 en servicios de consultoría y 17 en firmas agropecuarias.
* En la cartera económica hay “una concentración alarmante” de participaciones de funcionarios en sociedades comerciales que operan en los mismos sectores que esos funcionarios deben regular, en especial servicios financieros (16), actividades agropecuarias (13), energía (12), tecnológicas (12), minería (8), telecomunicaciones (4). En la Jefatura sobresale también la presencia de funcionarios con participaciones en el sector energético (9), tecnológico (5) y en el de telecomunicaciones (5).
* Se identificaron 37 funcionarios que registran 72 participaciones en 55 entidades civiles de diverso tipo. La mayoría de estas participaciones se concentran en el Ministerio de Economía, donde 13 funcionarios tienen 24. Sobresalen dos tipos particulares de asociaciones civiles: las gremiales empresarias (14) y las impulsoras de políticas públicas (13).
Este análisis se nutre de la intersección de dos fuentes de datos clave: la Base Integrada de Mapa del Estado, que registra las autoridades superiores de la administración pública nacional, y la Base de Autoridades de Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles constituidas en la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Ambas bases de datos son de acceso público.
Economía y Jefatura, los principales cotos de caza de las elites
Castellani explica que estas participaciones son de distinto tipo: desde presidir o integrar un directorio, hasta ser socio o representante. Cada una de estas modalidades significa un grado diferente de responsabilidad en la dirección de la empresa: los socios son además propietarios de una parte del capital, los directores no necesariamente, pero integran el órgano directivo de la compañía, y los representantes están habilitados para ciertas funciones de dirección por parte de los propietarios. “Todas estas modalidades de participación en las empresas están presentes en el gabinete nacional”, indica.
En el diseño del gabinete, Economía y Jefatura, áreas donde más entrecruzamientos existen de funcionarios y el sector privado, cumplen un rol destacado en la implementación de las reformas propiciadas en el DNU 70 y en la Ley Bases.
Economía no sólo tiene a cargo la coordinación macroeconómica, fiscal y financiera, sino también las actividades productivas en todos los sectores económicos, la obra pública y la privatización de empresas estatales, y la Jefatura ejerce, además de sus funciones, las del ex Ministerio del Interior en su vínculo directo con las provincias y con el resto de los poderes del Estado.
“Estas dependencias son muy sensibles a la captura de la decisión pública por parte de intereses privados, ya que tienen incumbencia en la regulación de prácticamente la totalidad de sectores de actividad económica”, apunta Castellani.
De todos modos, indica que se registran presencias de funcionarios con participación en empresas privadas en todas las carteras de gobierno, con lo cual “la penetración de intereses privados y los casos de puerta giratoria de entrada se dan en todo el gabinete”.
Las alianzas y los grupos de poder dentro del Gobierno
Castellani pregunta por qué es importante analizar la participación de los funcionarios nacionales en la dirección de empresas privadas y/o de asociaciones del empresariado. Para responder: “El análisis de la multiposicionalidad de las élites, tanto económicas como políticas, ofrece una visión integral de las dinámicas de poder y las redes de influencia que operan en el ámbito gubernamental”.
El concepto de multiposicionalidad refiere a la capacidad de ciertos individuos para ocupar simultáneamente múltiples posiciones de poder e influencia en diferentes sectores de actividad, tanto público como privado.
Este fenómeno facilita la creación de redes de apoyo mutuo y la consolidación de poder, pero también puede llevar a la concentración de influencia en un número reducido de individuos, lo que puede afectar la representatividad y equidad en la toma de decisiones.
La investigadora agrega que el estudio de estas redes de influencia sirve para revelar cómo se forman las alianzas y los grupos de poder dentro del Gobierno, y cómo estas relaciones pueden influir en la formulación de políticas públicas.
¿Qué tipo de élite tiene Argentina?
Las elites tienen quien cuide sus intereses y mejore sus propios negocios en el gobierno de Milei. Son ellos mismos, en forma directa (por ejemplo, Techint de Paolo Rocca en el sector energético) o con representantes (por caso, Luis Caputo y Santiago Bausili en el negocio financiero) que han capturado áreas fundamentales del Estado para beneficio propio.
En el libro “Las caras del monstruo”, que acaba de publicar la periodista Julia Mengolini, se menciona el ilustrativo informe de Elite Quality, ONG que mide la calidad de las élites mundiales.
El reporte detalla: “Las élites son grupos pequeños, coordinados con modelos de negocios que exitosamente acumulan riqueza, empíricamente inevitables y que existen en toda sociedad. Pueden ser grandes creadoras de valor o grandes depredadoras de valor. Cuanto mejor sea la calidad de las elites de una sociedad, mejor será el desarrollo humano y económico de ese país. Cuando mayor el grado de valor creado en sus modelos de negocios y menor la búsqueda de rentabilidad, mejores los niveles de inclusión económica y desarrollo humano para el futuro del país”.
Mengolini explica que los países con mejores posiciones en este ranking coinciden con sociedades desarrolladas e igualitarias. Son los siguientes: Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Holanda, Australia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Finlandia, en este orden.
Argentina está en el puesto 91, entre 151 países.
Responsables del estancamiento secular de la economía
Este puesto, de mediocre a malo, en el ranking mundial de élites brinda señales para evaluar las fragilidades del desarrollo nacional. La mayoría de sus miembros se consideran víctimas de las recurrentes crisis que ha padecido la economía en las últimas décadas, y no partícipes destacados de esta decadencia.
El artículo de Leandro Renou en Página/12 revela que las élites han destinado en total unos 10 millones de dólares a la reciente Fundación El Faro, usina libertaria conducida por Agustín Laje, que se propone aportar no sólo a la consolidación de una transformación de la matriz productiva, laboral y social, sino que también está lanzada como instrumento de lo que denominan “batalla cultural”.
Las élites hoy son parte fundamental del financiamiento de esta entidad conservadora en lo político, reaccionaria en materia económica y retrógrada en términos de derechos sociales colectivos y de la vida cotidiana de las personas.
Las características de una élite rentista, de consumo suntuario y fugadora de capitales explica el estancamiento secular de la economía argentina. En el actual ciclo político están ofreciendo apoyo financiero, político y presencial en el gobierno de Milei, “como grandes depredadoras de valor”, según la definición de la ONG Elite Quality. Otros pueden denominar este comportamiento como potenciales casos de corrupción.