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Nueva York aprobó una medida para prohibir precios diferenciados según datos personales

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó el proyecto Intro 891-A, que impide a las empresas usar información personal de los clientes para fijar precios distintos por los mismos productos o servicios. La norma recibió 44 votos a favor y cinco en contra y aún debe completar su trámite legislativo.

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó el proyecto Intro 891-A, una iniciativa que prohíbe a las empresas utilizar información personal de sus clientes para cobrar precios diferentes por los mismos productos o servicios. La medida apunta a la práctica conocida como surveillance pricing o precios de vigilancia.

La votación resultó en 44 votos a favor y cinco en contra. El proyecto fue impulsado por Julie Menin, presidenta del Concejo. La norma todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor y su alcance se concentra en los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

Qué son los precios de vigilancia

Los precios de vigilancia se producen cuando una empresa utiliza datos personales y herramientas tecnológicas para establecer cuánto cobrar por un producto o servicio a una persona determinada. Entre los datos que pueden alimentar estos sistemas se encuentran el historial de navegación, las compras anteriores, la ubicación del teléfono, los hábitos de consumo y otras características individuales.

Por ejemplo, dos personas podrían consultar el mismo producto desde sus dispositivos y recibir precios diferentes porque un algoritmo considera que una de ellas tiene mayor disposición a pagar. Según los impulsores de la medida, los consumidores generalmente desconocen que sus datos influyen en el precio ofrecido.

El Concejo citó una investigación sobre una plataforma de entrega de alimentos que detectó diferencias de hasta el 23% entre precios individualizados durante experimentos comerciales. También mencionó un caso en el que el precio de un televisor pasó de 499,99 a 599,99 dólares cuando un comprador llegó al estacionamiento de una tienda.

Qué establece la medida

La propuesta prohíbe que las empresas utilicen algoritmos basados total o parcialmente en datos personales para ofrecer precios diferentes a distintos consumidores por un mismo bien o servicio. La restricción alcanzaría tanto a las compras digitales como a determinadas operaciones realizadas en establecimientos físicos.

Sin embargo, no eliminaría los descuentos habituales. El texto permite promociones legítimas y transparentes, como ofertas de dos productos por el precio de uno, programas de fidelización y beneficios para estudiantes o veteranos. El objetivo es distinguir entre una promoción conocida por el público y una modificación individualizada del precio basada en información recopilada sobre cada cliente.

Multas y sanciones

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP) sería el organismo encargado de investigar las denuncias y aplicar las sanciones correspondientes. Las empresas que incumplan la prohibición podrían recibir multas de hasta 1.000 dólares por infracción. Cada consumidor o transacción afectada podría constituir una violación independiente.

El proyecto también contempla mecanismos para que los pequeños negocios puedan corregir determinados incumplimientos y evitar sanciones si actúan rápidamente.

Menin defendió la iniciativa al considerar que las prácticas de precios individualizados perjudican a los consumidores en un contexto de dificultades económicas. «Cuando las corporaciones utilizan algoritmos y datos personales para cobrar precios diferentes por los mismos productos, es poco ético y agrava nuestra crisis de asequibilidad», afirmó la presidenta del Concejo Municipal.

Qué cambia para los consumidores

La medida busca establecer una regla común para los precios de bienes y servicios, independientemente de la información personal que una empresa haya recopilado sobre sus compradores. De completar su trámite y entrar en vigor, las compañías alcanzadas deberán revisar sus sistemas de fijación de precios para evitar diferencias individualizadas prohibidas por la normativa.

Para los consumidores, el principal cambio sería una mayor protección frente a prácticas difíciles de detectar, especialmente en plataformas digitales que utilizan algoritmos para determinar sus ofertas. La iniciativa forma parte de un debate más amplio sobre el uso comercial de los datos personales y los límites que deben establecerse a las herramientas de inteligencia artificial en las decisiones de consumo.

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