La Justicia investiga a 39 empleados del Senado provincial cuyos salarios habrían sido retirados por dos presuntos recaudadores. Se estima un perjuicio de 300 millones de pesos. Diez exsenadores declararon como testigos y afirmaron no conocer a los titulares de las tarjetas.
La Justicia investiga una trama en el Senado de la provincia de Buenos Aires que involucra a 39 empleados incorporados formalmente a la estructura legislativa. Según la investigación, estas personas figuraban como titulares de tarjetas de débito pero no percibían sus sueldos; a cambio, contaban con cobertura de obra social y aportes jubilatorios.
Dos presuntos recaudadores, Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quedaron bajo investigación por retirar dinero de esas cuentas mediante operaciones en cajeros automáticos de La Plata.
El caso se conoció a partir de la difusión del mecanismo que involucra al detenido Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados. La Justicia investiga si se cometió el delito de peculado, con un perjuicio para las arcas públicas estimado en alrededor de 300 millones de pesos.
Diez exsenadores provinciales declararon como testigos y se desligaron de los nombramientos investigados. Todos afirmaron no conocer a los titulares de las tarjetas. También se les consultó por el procedimiento de designación de personal, que contempla cupos para conformar equipos legislativos.
Se aguarda un peritaje económico que podría aportar indicios sobre transferencias anteriores al descubrimiento de la trama y ayudar a determinar el destino de los fondos. También queda pendiente el análisis de un teléfono celular al que los peritos todavía no lograron acceder.
El fiscal Juan Mennucci esperó a que vencieran los mandatos legislativos de los exsenadores antes de convocarlos. El reglamento de la Cámara alta establece que determinados requerimientos de otros poderes relacionados con la función de senadores deben contar con una resolución favorable del cuerpo.
En el caso Rigau, la Cámara de Diputados resolvió archivar las actuaciones mediante una votación expeditiva, mezclada con numerosas resoluciones administrativas, ante un pedido de documentación de la Justicia para identificar a los responsables de las designaciones. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por considerar que esa decisión podía implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.
La Justicia sospecha que los mecanismos destinados a fabricar empleados ñoquis o de hacerse de parte de lo percibido como sueldos estatales vienen funcionando desde hace unos 15 años. Si esa hipótesis se confirma, se trataría de una práctica que atravesó diferentes gobiernos, autoridades parlamentarias y partidos políticos.