Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de 9 de Julio, declaró en el Tribunal Oral Federal de Corrientes que el municipio pagó hasta 2,8 millones de pesos a un grupo que invocaba el nombre de la Fundación Lucio Abel Dupuy, sin que se acreditaran los informes periciales. La Fiscalía sostiene que esas personas entorpecieron la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.
El exintendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, declaró este jueves en el juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Corrientes por el presunto entorpecimiento de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Según su testimonio, el municipio desembolsó hasta 2,8 millones de pesos destinados a un grupo que invocaba el nombre de la Fundación Lucio Abel Dupuy.
El funcionario reconoció que una factura emitida por la abogada Elizabeth Noemí Cutaia, imputada en el debate, consignaba prestaciones periciales cuyos informes admitió no haber recibido. «¿Vio esos informes? No. ¿Sabe si se presentaron en la causa? No. ¿Sabe si esas personas investigaban la desaparición del niño? No», fueron las preguntas y respuestas que se sucedieron durante la audiencia.
El fiscal Carlos Schaefer resumió la situación al salir de la sala: en el expediente no hay un solo documento de lo que esas personas dijeron haber investigado. Y agregó que una cosa es lo que se dice en público y otra lo que está en la causa.
Ynsaurralde explicó que el contacto con el grupo surgió a partir de un audio del periodista Alejandro Pueblas, quien le recomendó a unos «amigos» de la asociación de Dupuy. Esa misma noche le escribieron Cutaia y Alan Cañete, presentándose como «abogados de la entidad». Ninguno de los dos acreditó esa representación. El intendente dijo que no pidió un papel, ni un poder, ni un estatuto, y que se guio por la confianza en el periodista y por lo que Ramón Dupuy decía en los medios.
El municipio también pagó el alojamiento de ocho o nueve personas en el hotel Despertar del Iberá, entre ellas menores que habían estado con Loan el día de su desaparición y que son testigos de la causa. Según la Fiscalía, en ese hotel se influyó sobre sus declaraciones.
Respecto del monto, Ynsaurralde habló de 1,8 millones de pesos, pasajes incluidos, más unos 700.000 pesos por el hotel bajo un «convenio de camaradería». El total, según su cuenta, no superó los 2,8 millones. Sobre quién fijó las sumas, respondió: «Le dije a la doctora que me detalle, lo dijo ella».
El Concejo Deliberante se enteró «de palabra» de los pagos. Las dos partidas provinciales de 4 millones se rindieron ante el Tribunal de Cuentas, pero el pago al grupo salió de fondos propios y no tuvo control externo. La defensa intentó presentarlo como aprobado, pero no hubo aprobación externa porque no hubo control externo.
La cobertura formal fue una resolución municipal del 17 de junio de 2024, cuatro días después de la desaparición, que señalaba que el municipio no contaba con personas idóneas para la contención y el acompañamiento. Para suplir esa falta, se terminó pagando una factura por pericias. Ynsaurralde sostuvo que no pagó honorarios, pero luego admitió: «facturaron como honorarios, pero cumplían con contener a los chicos».
Una semana antes, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, había declarado ante el mismo tribunal que los acusados no pertenecían a su asociación. Contó que Cañete le pidió permiso para nombrarla y que aceptó, y que del dinero municipal se enteró por televisión. El fiscal Schaefer afirmó que Dupuy fue engañado y que el engaño fue la llave de ingreso.
El 13 de septiembre de 2024, el apoderado legal de la asociación, José Mario Aguerrido, intimó por carta documento al intendente a rectificarse porque la entidad nunca había requerido ni recibido suma alguna. Ynsaurralde confirmó que recibió la carta y no recuerda qué contestó.
En la causa también declararon otros testigos. José Raúl Rodríguez, jefe de la comisaría de 9 de Julio desde el 22 de junio, dijo que no hubo traspaso formal ni inventario de pruebas. Jesús Maximiliano Duarte, testigo del peritaje sobre la camioneta, declaró que la encontró sin faja y que un reactivo aplicado por la Federal dio reacción en casi toda la tira del paragolpes, lo que podía ser sangre o de origen animal.
El juicio continúa con la producción de prueba. La imputada Cutaia y los demás acusados conservan su estado constitucional de inocencia, y la acusación deberá acreditar los extremos de su pretensión con el grado de certeza exigido para una eventual sentencia condenatoria.