El Departamento de Seguridad Nacional presentó un proyecto para derogar la norma que obliga a los funcionarios a mantener decisiones favorables previas en trámites migratorios. La medida podría aumentar las Solicitudes de Evidencia y extender los tiempos de resolución.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) presentaron un proyecto de reglamentación que modifica la revisión de solicitudes para extender determinadas visas laborales en Estados Unidos.
La iniciativa busca eliminar el criterio que indica a los funcionarios mantener, bajo ciertas condiciones, las decisiones favorables emitidas anteriormente. Según el DHS, la propuesta contempla derogar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece la deferencia hacia aprobaciones previas cuando una nueva petición involucra a las mismas partes y circunstancias.
Si el cambio entra en vigor, los funcionarios podrán volver a examinar cada expediente sin tener que justificar previamente por qué se apartan de una resolución anterior. El DHS sostiene que el objetivo es que cada renovación se evalúe con base en las pruebas disponibles al momento del trámite y que una aprobación anterior no debe sustituir la obligación de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales.
Visas de trabajo alcanzadas
La medida alcanza las peticiones de trabajadores no inmigrantes presentadas mediante el formulario I-129. Entre las categorías contempladas figuran:
- Visas H-2A, para empleo agrícola temporal.
- Visas H-2B, para trabajos temporales no agrícolas.
- Visas TN, para profesionales mexicanos y canadienses.
- Visas H-1B, para profesionales en ocupaciones especializadas.
- Visas L-1, para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.
- Visas E-1, E-2 y E-3, para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.
- Visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.
Además, los familiares dependientes que soliciten extender su permanencia mediante el formulario I-539 podrían verse alcanzados por los cambios vinculados a sus trámites. En ese sentido, si un titular de un Documento de Autorización de Empleo (EAD) depende de que su cónyuge con visa H-1B mantenga su estatus, el aumento en la demora podría afectar también su renovación.
Proyecciones de demoras y costos
Las estimaciones administrativas incluidas en la propuesta anticipan un aumento de las Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), mediante las cuales el Uscis requiere documentos o información adicional. El cálculo oficial proyecta un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de estas solicitudes, equivalente a unas 6044 peticiones adicionales por año.
El análisis también estima que los casos que reciban una RFE podrían demorar, en promedio, 64 días calendario adicionales. Según las cifras presentadas, el tiempo mediano de procesamiento pasaría de 12 días para los expedientes sin ese requerimiento a 76 días para aquellos que necesiten pruebas complementarias.
En materia económica, el DHS calcula que los empleadores afrontarían alrededor de US$133.987 adicionales al año para reunir y presentar la documentación solicitada. La agencia aclara que estos valores son proyecciones y no significan que todas las renovaciones vayan a recibir una RFE ni que todos los expedientes experimenten la misma demora.
Fundamento de la propuesta
El DHS fundamenta la iniciativa en la Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que asigna al solicitante o peticionario la responsabilidad de acreditar la elegibilidad para obtener el beneficio migratorio. Según la interpretación oficial, la regla vigente imponía a los funcionarios una carga adicional cuando pretendían apartarse de una aprobación anterior.
La agencia también argumenta que mantener una decisión previa podría prolongar errores derivados de información incompleta, desactualizada o incorrecta. Para respaldar su postura, el DHS cita datos de inspecciones de campo de los años fiscales 2022 a 2025 y señala diferencias en los niveles registrados de fraude e incumplimiento en determinados programas.
El proyecto contempla una instancia de participación pública. Los interesados podrán presentar observaciones hasta el 13 de noviembre; una vez concluido ese período, el gobierno federal podrá analizar los comentarios antes de avanzar con la decisión regulatoria.