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El 12 de octubre comenzaron los traslados de 326 internos desde la cárcel de Villa Devoto al establecimiento penitenciario de Marcos Paz, en cumplimiento de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó a estudiantes universitarios del Centro Universitario Devoto (CUD), creado en 1986 mediante un convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario Federal. Organismos de control y la universidad habían solicitado garantías para la continuidad educativa.
El 12 de octubre comenzaron los traslados de personas detenidas en la cárcel de Villa Devoto al establecimiento penitenciario de Marcos Paz, en cumplimiento de una decisión acordada entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la primera jornada fueron trasladados 326 internos, según se informó, y el procedimiento continuó los días siguientes.
Origen y características del Centro Universitario Devoto
En 1985, la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal celebraron un convenio que dio origen al Programa UBA XXII. Al año siguiente comenzaron las actividades universitarias en Devoto, lo que permitió que personas privadas de libertad accedieran a formación académica de la universidad pública. Con el tiempo, el Centro Universitario Devoto (CUD) se constituyó en un espacio de educación superior dentro del establecimiento.
Durante cuatro décadas, el programa permitió que detenidos completaran estudios y obtuvieran títulos universitarios, de acuerdo con lo señalado por la institución.
Desarrollo del traslado y situación de los estudiantes
Entre los primeros trasladados se encontraban estudiantes universitarios, según se indicó, pese a que no estaban garantizadas las condiciones para continuar sus estudios en el nuevo establecimiento y el ciclo lectivo estaba en pleno desarrollo. El operativo se llevó a cabo sin consulta previa a las autoridades universitarias, de acuerdo con lo manifestado por la UBA.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) había advertido sobre los traslados intempestivos en un habeas corpus presentado el 14 de mayo de 2025, en el que señaló la falta de notificaciones previas y de control judicial, lo que afectaba el derecho de defensa y la continuidad educativa.
Antecedentes judiciales y normativa
El 25 de noviembre de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el caso López y otros vs. Argentina, en la que condenó al Estado argentino por traslados arbitrarios de detenidos a establecimientos situados a grandes distancias de sus familias, abogados defensores y jueces de ejecución. El tribunal consideró que esos procedimientos afectaron derechos fundamentales y cuestionó la discrecionalidad penitenciaria y la falta de controles judiciales efectivos.
En mayo de 2013, la Corte IDH también había condenado al Estado Nacional en el caso Mendoza por actos de tortura y muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios.
La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660) establece en su artículo 1 el fin resocializador de la pena.
Informes de organismos de control
Según lo relevado durante 2025 por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), se registraron 4.636 casos de tortura y malos tratos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Entre los tipos de tortura y/o malos tratos se encuentran principalmente la falta o deficiente asistencia de la salud, las malas condiciones materiales de detención, las agresiones físicas y el aislamiento, según los informes.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNT), en su primer informe de integración de 2026, relevó 1.115 muertes bajo custodia penitenciaria entre los años 2022 y 2024. De ese total, casi siete de cada diez muertes ocurrieron por enfermedades, un cuarto por causas externas (suicidios, agresiones, etc.) y sobre uno de cada diez decesos no se conoce información, de acuerdo con el organismo.
Durante 2026, la PPN (Boletín Estadístico n°38 y 39) relevó 43 fallecimientos bajo custodia de personas detenidas en jurisdicción federal o nacional. Entre esas muertes, nueve fueron violentas (ahorcamiento, herida de arma blanca o incendio), según el mismo organismo.
Posturas institucionales
Las autoridades que dispusieron el traslado no emitieron declaraciones públicas sobre los cuestionamientos, según se desprende de la información disponible. La Universidad de Buenos Aires manifestó su preocupación por la continuidad del ciclo lectivo de los estudiantes trasladados. La Procuración Penitenciaria de la Nación sostuvo que los traslados sin notificación previa ni control judicial afectan derechos de las personas detenidas.
El traslado se produce en el marco de la decisión de cerrar la cárcel de Villa Devoto, adoptada por el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.