El bloque oficialista logró impedir que la oposición reuniera el quórum para tratar la derogación del DNU 70 y proyectos sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. La Corte Suprema suspendió un artículo del DNU que había repuesto días antes. Gobernadores de distintas provincias facilitaron la estrategia oficial.
El oficialismo consiguió evitar que la oposición reuniera el quórum necesario para realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados, según informaron fuentes legislativas. La sesión, convocada para el último jueves, tenía como objetivo tratar la derogación del DNU 70, central para la gobernabilidad del Poder Ejecutivo, y proyectos sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.
La oposición, liderada por el peronismo, quedó a ocho bancas de alcanzar el quórum requerido. El oficialismo contó con el respaldo de gobernadores y legisladores de distintos espacios políticos.
En el ámbito judicial, la Corte Suprema de Justicia repuso la vigencia de un artículo del DNU 70 que convalidaba la compra de tierras sin límites por extranjeros y, días después, lo volvió a suspender. La decisión generó críticas de juristas. Fuentes del Gobierno interpretaron que el máximo tribunal envió un mensaje autocrítico al oficialismo.
El peronismo y el kirchnerismo cuestionaron el accionar de la Corte Suprema. Durante la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el espacio intentó sin éxito llevar a juicio político a los magistrados.
La relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema atraviesa un momento de entendimiento, según fuentes oficiales. Este vínculo se habría consolidado con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia. Además, el presidente Javier Milei manifestó que intentará ocupar las vacantes en el cuerpo si es reelecto.
Un funcionario del Gobierno, que pidió reserva de su identidad, declaró: «Nos mostraron que con una decisión mínima, técnica, nos pueden armar un quilombo bárbaro». La misma fuente admitió que la percepción de ser rehén de decisiones judiciales también está presente en la negociación con los gobernadores para obtener avales en el Congreso.
Para la sesión del jueves, el oficialismo desplegó una estrategia de seducción que incluyó la invitación a trece mandatarios provinciales al Argentina Week en París, la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y reuniones con gobernadores. A pesar de estos esfuerzos, la oposición estuvo cerca de lograr el quórum.
Los gobernadores dialoguistas resultaron indispensables para el éxito de la estrategia oficialista. Entre ellos se mencionó al radical santafesino Maxi Pullaro, dos de cuyos diputados se ausentaron, y al peronista cordobés Martín Llaryora, que aportó una ausencia y cinco presencias.
El Gobierno también registró la presencia de tres diputados que responden al catamarqueño Raúl Jalil y dos del salteño Gustavo Sáenz, ambos peronistas. Según informaron desde Casa Rosada, ambos mandatarios recibieron $7.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) el mes pasado. Los gobernadores justificaron en privado el doblez con el argumento de que sabían que la sesión no tenía consenso.
Además de los desembolsos, Karina Milei y Santilli viajaron a la Puna hace diez días para inaugurar una planta de litio y mantuvieron reuniones extensas con los gobernadores.
Desde el Ministerio de Economía trascendió que en lo que va de octubre se adelantaron transferencias por coparticipación poco usuales. Santa Fe, Tucumán y Santa Cruz recibieron $140 mil millones. Los diputados de esas provincias no asistieron a la sesión.
Un diputado fueguino de Unión por la Patria se ausentó después de que Economía girara a la provincia que maneja el peronista Gustavo Melella $40 mil millones. Fuentes oficiales vincularon la ausencia con la visita que Melella realizó a Santilli en la Casa Rosada hace un mes.
Este viernes, el jefe de Gabinete recurrió a declaraciones para presionar a los aliados. «Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y arriba (Axel) Kicillof», sostuvo Santilli.
En la misma línea, el diputado Máximo Kirchner aseguró esta semana que si el peronismo vuelve al poder el año próximo auditará cada uno de los proyectos bajo el RIGI, al que consideró «casi un estatuto de coloniaje».
El Gobierno impulsará en los próximos días sus propios proyectos sobre discapacidad, morosidad y tierras. Este último recupera los límites de la ley aprobada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
La principal apuesta del oficialismo en el Congreso es la reforma electoral que busca eliminar las PASO para 2027. Según fuentes oficiales, los gobernadores aún no garantizan los respaldos suficientes para ese propósito y aumentan sus demandas. «Vamos sesión por sesión», aseguraron desde el Gobierno.