El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe advirtió que la adhesión a la certificación implica ceder información catastral y georreferenciada de los establecimientos agropecuarios. También se refirió a la crecida en Santa Fe y a la exportación de vacas a China.
La posible tercera postergación del Reglamento 1115 de la Unión Europea, que establece requisitos vinculados a la deforestación para determinados productos importados, volvió a generar cuestionamientos entre entidades rurales argentinas. El rechazo se centra en la plataforma VISEC Carne y en el acceso a información privada de los establecimientos agropecuarios.
En diálogo con Canal E, Juan Carlos Pujato, ingeniero agrónomo y secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, explicó los motivos del reclamo conjunto de distintas organizaciones del sector. El dirigente cuestionó las exigencias europeas y advirtió sobre los riesgos de que empresas privadas accedan a datos catastrales y georreferenciados de los campos.
Por qué el campo rechaza VISEC Carne y el reglamento europeo
El Reglamento 1115 de la Unión Europea establece requisitos para productos como la carne y la soja, que deben provenir de terrenos que no hayan sido deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Su implementación ya fue postergada en dos oportunidades y, según Pujato, podría volver a demorarse.
El dirigente sostuvo que la normativa presenta dificultades de aplicación y cuestionó que un bloque comercial imponga condiciones que, a su entender, desconocen la legislación argentina sobre bosques. “Es un tema que traspasa la soberanía argentina”, afirmó.
En la Argentina, la Ley de Bosques establece distintas categorías de conservación y uso del suelo: las zonas rojas, donde no se permite la intervención; las amarillas, sujetas a restricciones; y las verdes, donde pueden autorizarse determinados usos. Para Pujato, estas disposiciones conforman un marco regulatorio que debería ser considerado en las exigencias comerciales internacionales.
El acceso a los datos georreferenciados, el principal cuestionamiento
Uno de los puntos centrales del reclamo es la información que los productores deben compartir para acceder a la certificación. Según explicó Pujato, la adhesión puede implicar que una entidad privada consulte datos catastrales, información declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la georreferenciación de los establecimientos.
El dirigente señaló que los productores suelen disponer de esa información para cumplir con sus obligaciones fiscales, celebrar contratos de arrendamiento o identificar los límites de sus campos. Sin embargo, cuestionó que esos datos puedan quedar en manos de una empresa privada con capacidad de utilizarlos comercialmente.
“Lo que es grave es que una plataforma chupe esos datos y tenga posibilidad de comercializarlo”, sostuvo Pujato. A su entender, el problema no es la existencia de información oficial sobre los establecimientos, sino quién puede acceder a ella y con qué finalidad.
El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe también advirtió que la cesión de esos datos podría tener consecuencias más allá de las exigencias actuales sobre deforestación. “Una vez que uno dio el polígono, eso es irreversible”, afirmó, al plantear su preocupación por el posible uso futuro de la información para establecer nuevas condiciones productivas.
Los plus por soja certificada y la presión sobre los productores
Otro de los cuestionamientos se relaciona con los incentivos económicos ofrecidos para promover la adhesión a VISEC. Pujato señaló que algunos productores reciben propuestas de pagos adicionales por entregar soja con la certificación correspondiente.
Durante la entrevista, mencionó diferencias de entre 8 y 9 dólares por tonelada para determinadas operaciones. Según su interpretación, esos incentivos pueden llevar a que los productores acepten las condiciones sin conocer en profundidad el alcance de la autorización que firman.
“Lo que no le dicen es que, si vos firmás esto, le estás dando acceso a tu polígono georreferenciado”, advirtió. Por eso, consideró necesario que los productores conozcan las implicancias de la adhesión antes de aceptar una certificación.
El dirigente también cuestionó que se concentre la demanda de certificación en una plataforma específica cuando existen otras alternativas. En su planteo, la discusión no se limita a cumplir con los requisitos comerciales europeos, sino que incluye la protección de los datos y la libertad de decisión de los productores.
El rol del Senasa frente a las certificadoras privadas
Pujato defendió el papel del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como organismo encargado de certificar las condiciones sanitarias y los requisitos necesarios para exportar. Según explicó, VISEC no reemplaza esa función, sino que utiliza información vinculada a los registros y controles oficiales.
“Lo que tenemos que hacer nosotros es empoderar a Senasa”, afirmó. El dirigente destacó el reconocimiento internacional del organismo y consideró que sus certificaciones deben ocupar un lugar central en los controles de exportación.
También expresó preocupación por la situación presupuestaria del Senasa y por la posibilidad de que profesionales capacitados abandonen el organismo debido a sus condiciones salariales. A su juicio, fortalecer sus recursos y capacidades permitiría sostener un sistema de control basado en criterios técnicos y científicos.
Como ejemplo de su importancia, recordó los controles aplicados a los establecimientos habilitados para exportar carne bajo la Cuota Hilton, que exige el cumplimiento de un protocolo específico de producción. Para Pujato, esa experiencia demuestra el peso de la autoridad sanitaria en la garantía de las condiciones comerciales de la carne argentina.
La discusión por la soberanía productiva y las exigencias internacionales
El reclamo de las entidades rurales también apunta al alcance que podrían adquirir en el futuro las condiciones impuestas por los mercados internacionales. Pujato sostuvo que la entrega de información georreferenciada puede abrir la puerta a nuevas exigencias sobre el uso de la tierra y los insumos agropecuarios.
Para ilustrar su preocupación, planteó la posibilidad de que futuras regulaciones establezcan límites sobre la cantidad de fertilizantes que puede utilizar un productor. Se trata de un escenario hipotético mencionado por el dirigente, que utilizó como argumento para cuestionar la cesión de información a plataformas privadas.
En ese marco, las organizaciones que impulsan el rechazo a VISEC reclaman que se analicen alternativas que permitan cumplir con las exigencias comerciales sin comprometer la privacidad de los datos ni desplazar las funciones de los organismos públicos argentinos.
La crecida en Santa Fe obliga a trasladar la hacienda de las islas
Durante la entrevista, Pujato también se refirió a la situación ganadera en Santa Fe ante la previsión de una nueva crecida que afectaría a las islas. Según explicó, los productores comenzaron a retirar los animales de esas zonas para trasladarlos a terrenos más elevados.
“No va a quedar hacienda en las islas. Toda la hacienda de las islas tiene que salir”, afirmó. El operativo requiere conseguir camiones, barcazas y campos aptos para recibir a los animales, una tarea que ya presenta dificultades logísticas.
El dirigente señaló que la preparación anticipada permitió organizar el traslado, aunque reconoció que la disponibilidad de transporte y de terrenos altos representa un desafío. La situación vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de la actividad ganadera frente a los fenómenos climáticos y las inundaciones.
Las exportaciones a China como alternativa para la ganadería
En comparación con la crecida de 2016, Pujato destacó que actualmente existen más alternativas comerciales para los productores que necesitan desprenderse de su hacienda. En particular, mencionó la exportación de vacas a China como una salida para parte de los animales que deben ser trasladados.
Según explicó, esa operatoria no requiere la certificación VISEC a la que se refirió durante la entrevista, aunque sí exige cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes al mercado chino. “Hoy hay una salida importante que es la exportación vía vaca a China”, señaló.
El dirigente consideró que esa posibilidad amplía las opciones de comercialización para los productores afectados por la crecida.