La Justicia de La Plata citó a declarar entre el lunes y el miércoles a diez ex legisladores de Juntos por el Cambio por el uso de tarjetas de débito de supuestos empleados del Senado. La causa se originó a partir de videos del Banco Provincia y una investigación periodística.
El fiscal de La Plata, Juan Menucci, citó a declarar como testigos a diez ex senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio en el marco de la investigación por el uso de tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura provincial. Las declaraciones se realizarán entre el lunes y el miércoles de la semana próxima, según informó TN.
Los citados son Yamila Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla, quienes declararán el lunes; Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto, el martes; y Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagara y David Hirtz, el miércoles. Todos concurrirán en calidad de testigos, lo que los obliga por ley a decir la verdad.
La causa se originó a partir de imágenes de cámaras de seguridad del Banco Provincia y una investigación del diario LA NACION. En los videos se observa a Julio «Chocolate» Rigau extrayendo dinero de cajeros automáticos correspondientes a contratos de la Cámara de Diputados. En las mismas grabaciones aparecen Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado operando tarjetas de supuestos empleados del Senado. Muguerza es militante radical de La Plata y tuvo un cargo durante la gestión del ex intendente Julio Garro. Varios titulares de las tarjetas declararon que realizaban «trabajo territorial» para él.
Los peritos contables revisan los movimientos de 39 cuentas bancarias para determinar el destino de los fondos y quién recibía la recaudación.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó archivar los pedidos de informes de la causa original, lo que impide entregar a la fiscal Betina Lacki los expedientes que indican qué diputados designaron a los empleados cuyas tarjetas utilizaba Rigau. El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio remitió el rechazo legislativo a la fiscalía de turno para que se investigue si las autoridades cometieron un delito al negarse a colaborar con la Justicia.
El Senado ya había ignorado el pedido de desafuero de Flavia Delmonte, legisladora investigada en Dolores por un presunto desvío de fondos a través de sus asesores.