La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió una orden preliminar que impide a los agentes de inmigración realizar arrestos sin orden judicial en el Distrito Central de California, a menos que determinen que es probable que la persona se fugue. La medida se produce en el marco de una demanda presentada por la ACLU y grupos de defensa de inmigrantes.
LOS ÁNGELES — Una jueza federal emitió una orden que impide a los agentes de inmigración realizar arrestos sin orden judicial en el sur de California, a menos que determinen que es probable que la persona se fugue.
En una orden judicial preliminar concedida el 2 de septiembre y hecha pública el miércoles, la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong afirmó que el gobierno debe considerar la “totalidad de las circunstancias conocidas por el agente o funcionario” sobre la probabilidad de fuga de una persona antes de efectuar un arresto civil de inmigración sin orden judicial.
La demanda fue presentada el año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California, Public Counsel y grupos de defensa de inmigrantes de Los Ángeles, durante un aumento sin precedentes de las redadas migratorias en la región. La orden se aplica en el Distrito Central de California, que incluye los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Frimpong también ordenó al gobierno documentar de manera exhaustiva la causa probable que conduce a un arresto antes de que pudiera obtenerse una orden judicial. El mero hecho de que alguien esté en el país de manera ilegal no basta para justificar un arresto sin orden judicial, señaló en su orden.
“Sin esto, los demandados no pueden demostrar que algún arresto fue adecuado”, escribió Frimpong. La jueza rechazó la solicitud del gobierno de suspender o retrasar la orden para darles tiempo de apelar.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.
La demanda también buscaba bloquear patrullas itinerantes que realizan detenciones y arrestos basados únicamente en la raza, el idioma y la ocupación, y proteger el derecho de acceso a un abogado para las personas detenidas.
Frimpong había emitido previamente una orden de restricción temporal para limitar estas amplias operaciones migratorias, pero la Corte Suprema federal la levantó en septiembre del año pasado. El juez Brett Kavanaugh indicó que la etnia aparente podría ser un factor relevante para una detención si se combina con otra información.
El interdicto preliminar sobre los arrestos sin orden judicial se emitió después de una audiencia celebrada el 13 de agosto, en la que Frimpong dio a entender, en un fallo provisional, que se inclinaba a dar la razón a los demandantes.
Jueces federales en Portland, Colorado, Washington, D.C., y el Distrito Este de California ya han bloqueado prácticas similares de arrestos sin orden judicial.
Los demandantes sostuvieron en documentos judiciales que, en muchos de los arrestos que rastrearon en el sur de California, nunca se produjo documentación que demostrara que los agentes que realizaron el arresto registraron la probabilidad de fuga.
“No hay un requisito legal para documentarlo”, manifestó el abogado federal Daniel Mummolo, y añadió que distintos agentes que realizan arrestos manejan las cosas de manera diferente.
Mummolo citó un memorando emitido en enero de 2026 por el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS), Todd Lyons, en el que se indicaba que los agentes podían hacer una determinación “en el momento” sobre la probabilidad de fuga.
“No ha presentado pruebas de agentes que digan: ‘Sí, no lo anoté, pero sí lo hice’”, respondió Frimpong.
La abogada de los demandantes, Laura Perry Stone, afirmó que el memorando exige que los agentes determinen tanto que era probable que la persona abandonara el lugar como que es poco probable que se le encuentre en otro sitio identificable, como su casa o su lugar de trabajo.
En su orden, Frimpong indicó que una “abundancia de pruebas en el expediente”, incluidas directrices del gobierno, relatos de arrestos, declaraciones juradas de agentes y pruebas en video, mostraba que la política y práctica actuales del gobierno consistían en realizar una evaluación del riesgo de fuga basándose únicamente en el estatus irregular o en “afirmaciones falsas”, o en no realizar ninguna evaluación.
En un caso, el gobierno afirma que una persona estaba “huyendo” de los agentes de inmigración antes de ser interrogada. Pero un video del arresto lo mostraba caminando a un ritmo normal y enviando mensajes de texto en su teléfono antes de que el agente comenzara a interrogarlo, escribió Frimpong.
“Esta orden judicial debería poner fin a cientos de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California”, expresó Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California. “Vigilaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate”.