La empresa retomó las operaciones el 10 de septiembre bajo un operativo especial de seguridad, tras más de dos meses de paralización. El Sindicato Único de Fleteros reclama por 30 transportistas apartados de la operatoria y no descarta medidas de acción directa en los puertos de Buenos Aires.
La empresa Cargill reanudó el 10 de septiembre las actividades de su planta de acopio en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, luego de más de dos meses de paralización, según informó la compañía en un comunicado.
En el texto, Cargill indicó que la decisión se adoptó «luego de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por las autoridades competentes». La empresa había suspendido las operaciones el 3 de julio al considerar que «no estaban dadas las condiciones de seguridad» para continuar funcionando.
La compañía aclaró que la reanudación «no implica que dicho conflicto haya sido resuelto ni constituye una solución definitiva». Además, sostuvo que «la situación que dio origen a este escenario continúa siendo ajena a Cargill y responde a diferencias entre actores del sector del transporte».
El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina advirtió que no descarta medidas gremiales de acción directa en la totalidad de los puertos bonaerenses ante la falta de una solución para unos 30 transportistas que, según el gremio, fueron apartados de la operatoria de la compañía.
Según el sindicato, los 30 transportistas «habrían sido apartados de la operatoria de Cargill como represalia después de denunciar un supuesto cobro irregular de comisiones». El gremio sostuvo que esos fleteros «venían realizando cargas para la compañía en Arribeños» y apuntó contra Sergio Larovere, entonces tesorero de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y actual presidente de la Unión de Transportistas de Arribeños, por presuntos cobros de comisiones «en negro».
El sindicato indicó que, tras esa denuncia, los transportistas dejaron de recibir cargas y esos viajes comenzaron a ser asignados a camiones que vinculan con Ramón Jatip, entonces presidente de Catac. Calificó la desvinculación como «arbitraria» y cuestionó que Cargill haya reabierto la planta sin que esos 30 fleteros recuperaran su participación en la operatoria.
En marzo pasado, en una consulta de LA NACION, Jatip rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de supuestas comisiones. «Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara», explicó. Además, aseguró que «nunca nadie los echó» y que la empresa «nunca echó a nadie en esa planta».
Jatip también dijo: «Es lamentable porque nos han amenazado con carteles intimidatorios. Hoy resurgen los problemas y es triste porque nosotros queremos trabajar en paz con las entidades de toda la vida y tenemos claro que las tarifas son orientativas, que hay un mercado, que el campo negocia con nosotros todo el tiempo tarifas, formas de pago y demás, como siempre. Hay gente que quiere llevarse todo por delante y no se puede». Hoy Jatip no respondió llamados de este medio.
Cargill, en tanto, indicó que las medidas extraordinarias actualmente vigentes serán monitoreadas permanentemente por la compañía. «La continuidad de la operación dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo», cerraron.
La empresa informó que el establecimiento genera empleo directo e indirecto, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene una relación comercial de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona.
A fines de agosto pasado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata, con desplazamiento de sus autoridades, de la Catac por 180 días hábiles, al advertir un cuadro de riesgo institucional y patrimonial. En una resolución señaló un déficit promedio equivalente al 140% de los ingresos, incumplimientos en la presentación de estados contables —incluidos ejercicios de 2012, 2014 y 2020 a 2025— y la falta de medidas acreditadas para sanear la situación. La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica, financiera y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión de la conducción desplazada, pudiendo iniciar acciones civiles o penales si correspondiera.