La jueza federal Mariel Borruto admitió la competencia del tribunal y la jurisdicción internacional de la justicia argentina en la acción preventiva por daño ambiental colectivo presentada por ambientalistas y veteranos de guerra contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development.
La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development. La jueza federal Mariel Borruto admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina en el marco de la causa que busca frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
La demanda fue presentada la semana pasada en los tribunales fueguinos por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los demandantes solicitan la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero. La presentación se realizó dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas.
En su dictamen, la jueza Borruto adhirió al dictamen del Ministerio Público Fiscal. Desde el aspecto ambiental, señaló que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”.
En cuanto a la infraestructura impugnada, el dictamen indica que “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”. Sostiene que la controversia excede lo meramente técnico y que el nudo del debate está enfocado en la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
El CECIM, mediante un comunicado, consideró el dictamen como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”. Afirmó que este reconocimiento resulta central para el CECIM y para la AAdeAA, que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló el CECIM.
La magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, para resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales. El proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según el artículo 1 de la Ley 23.775, que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales.
Asimismo, la jueza difirió la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en el plazo de cinco días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, junto con las traducciones oficiales al idioma nacional y las copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.
En paralelo, la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte recayó en el juzgado federal 12, que está vacante y es subrogado por el juez Julián Ercolini. Según fuentes judiciales, en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande, Tierra del Fuego.