El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la caída del empleo formal en Argentina, aunque sostuvo que el retroceso de los asalariados registrados fue acompañado por un crecimiento de otras modalidades laborales, principalmente el monotributo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió la caída del empleo formal en Argentina y la atribuyó, en parte, al avance del régimen simplificado del monotributo. En una columna de opinión publicada en el diario La Nación, el funcionario señaló que la disminución de los asalariados registrados privados, pese al aumento del empleo total, es una tendencia que se registra desde 2012 y que responde a la búsqueda de modalidades de trabajo más flexibles.
Sturzenegger indicó que la ampliación del monotributo contemplada en la Ley Bases «facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria». Según los datos que presentó, en los últimos tres años el mercado laboral sumó 500.000 puestos de trabajo, de los cuales 190.000 corresponden a asalariados no registrados y 491.000 a trabajadores no asalariados, impulsados principalmente por los monotributistas.
En relación con los ingresos, el ministro reconoció diferencias entre los indicadores del SIPA, el INDEC y la Cuenta de Generación de Ingresos. Según su análisis, las remuneraciones reales de los trabajadores informales se encuentran 64% por encima del promedio de 2023, mientras que los monotributistas registraron un incremento del 4% y los asalariados formales mostraron aumentos del 8% y 13% según la fuente consultada.
Sturzenegger defendió la evolución general de la economía y mencionó la reducción de la pobreza del 42% al 28%, la generación de 500.000 puestos de trabajo y el sostenimiento del superávit fiscal durante tres años consecutivos. También afirmó que la Argentina atraviesa un «boom de exportaciones», vinculado a las reformas estructurales impulsadas a partir de la Ley Bases.
En otro tramo de su columna, el ministro rechazó una eventual intervención del Estado frente al endeudamiento de los hogares y responsabilizó a los bancos y entidades financieras por las consecuencias de los créditos otorgados. Los calificó como «gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó». Sostuvo que el financiamiento bancario al sector privado representa el 12% del PBI, frente a más del 70% en Chile y Brasil, y que la cartera irregular no alcanza el 1% del producto.
El funcionario afirmó que «en los últimos dos años, casi 4 millones de personas accedieron por primera vez al crédito» y defendió la necesidad de preservar las reglas del sistema crediticio para ampliar el acceso al financiamiento en el futuro.