El ministro de Salud, Mario Lugones, permanece en su cargo mientras la Justicia investiga la comercialización de fentanilo contaminado y los prestadores privados del PAMI mantienen medidas de fuerza por atrasos en pagos y aranceles.
El ministro de Salud, Mario Lugones, continúa al frente de su cartera en medio de dos conflictos: la causa judicial por la comercialización de fentanilo contaminado y el paro de prestadores privados del PAMI. Fuentes oficiales de La Libertad Avanza negaron versiones sobre una posible renuncia del funcionario.
Según informaron fuentes del oficialismo a PERFIL, “Lugones sigue, no es nada nuevo lo que se dice”. El rumor sobre un eventual alejamiento fue atribuido a su hijo Rodrigo Lugones, quien habría pedido al ministro que dé un paso al costado, versión que fue rechazada por fuentes libertarias.
En relación con la causa por el fentanilo, el juez Ernesto Kreplak investiga un lote contaminado elaborado por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma Group, que en 2025 provocó centenares de muertes. Por ese caso, Agustina Nélida Bisio, exdirectora de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, exfuncionaria del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), se encuentran detenidas y continúan el proceso en libertad tras pagar cauciones de 75 millones de pesos cada una.
En su declaración ante el juzgado de La Plata, Bisio sostuvo que no tuvo responsabilidad sobre lo ocurrido en los laboratorios y líneas de producción. “La pregunta correcta, en cada episodio, pasa por conocer qué información llegó efectivamente a mí, por qué circuito, con qué grado de elaboración técnica y qué medida concreta estaba, entonces, en condiciones de adoptar”, explicó. Además, detalló que “siempre me desempeñé en el área de revisión documental relacionada con prospectos de medicamentos e investigación en farmacología clínica”.
Desde el oficialismo afirmaron que se realizaron cambios en la ANMAT y el INAME para evitar episodios similares.
Por otra parte, prestadores privados del PAMI suspendieron la atención entre el jueves y el viernes en 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza. La medida fue convocada por entidades del sector para visibilizar una situación que califican de “ahogo financiero”. Solicitan una actualización de los aranceles y la regularización de la mora en los pagos. Según advierten, el atraso acumulado frente a la inflación deterioró las finanzas de las instituciones.
Esta acción se sumó a una medida similar realizada el lunes en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Las empresas prestadoras informaron que solo se garantizó la asistencia de emergencias de máxima gravedad.