El Senado aprobó 67 nuevos pliegos judiciales. El constitucionalista Diego Armesto analizó el impacto institucional, comparó el sistema judicial con el de Estados Unidos y señaló riesgos para la independencia judicial.
El Senado aprobó 67 nuevos pliegos judiciales, con lo que se acumulan más de un centenar de acuerdos para designar jueces. El constitucionalista Diego Armesto, en una entrevista en Modo Fontevecchia por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), se refirió al proceso y a los desafíos del sistema judicial.
Armesto afirmó que completar las vacantes es “saludable para el órgano jurisdiccional” y que “favorece al servicio de Justicia”. Señaló que hasta ahora existía una “anomalía” por el uso de jueces subrogantes y traslados, lo que “frenaba indefectiblemente el funcionamiento de la Justicia”.
En su exposición, comparó el sistema argentino con el de Estados Unidos. Según relató, durante un viaje de estudio a ese país, un juez de primera instancia en Montgomery, cerca de Washington D.C., explicó que “por semestre tienen la obligación, porque tienen un contralor, de sacar la mayor cantidad de expedientes”. En Argentina, dijo, “es complicada esa cuestión”.
Armesto también se refirió a las nominaciones que generan controversia, como jueces que actúan en causas vinculadas al Gobierno o casos donde el Presidente no firma decretos por vínculos familiares con periodistas. Sostuvo: “Cuando la política entra a tribunales, la Justicia sale por la ventana”. Añadió que la independencia judicial es “fundamental para la seguridad jurídica” y para atraer inversiones.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, Armesto señaló que el jurado de enjuiciamiento es un “proceso engorroso” y que hay jueces que continúan en funciones mientras se tramita su jury. Citó al presidente de la Corte Suprema, Rosatti, y mencionó que muchos jueces fueron destituidos por mal desempeño, aunque los procesos son largos. Propuso una modificación legal para agilizar esos procedimientos.
Diego Armesto es abogado constitucionalista, docente universitario y analista político. Integró comisiones de reforma constitucional en Neuquén, Corrientes y La Rioja, y fue asesor de la Vicepresidencia de la Nación entre 2009 y 2011, además de asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.