El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, concretó durante su gestión la expropiación del predio del Golf Club de La Rioja y de tierras pertenecientes al director técnico Ramón Díaz. Ambos procesos fueron aprobados por la Legislatura provincial y están sujetos a instancias judiciales.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó el 6 de agosto en declaraciones radiales que, en caso de que el peronismo regrese al poder, se revisarán las medidas adoptadas por la administración nacional. En ese marco, señaló: “Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”.
Durante su gestión, se registraron dos expropiaciones de relevancia. La primera fue la del Golf Club La Rioja, aprobada por la Legislatura provincial el 29 de abril de 2021 mediante la ley 10.379. El texto establecía que los terrenos serían destinados a espacios deportivos y recreativos, y que se realizaría una planificación integral de la zona. Según consta en documentos judiciales, no se efectuó el pago de indemnización previa ni posterior, y el proceso fue objetado por el cesionario de los derechos del club, Alejandro Almarza, quien inició una demanda de expropiación inversa en noviembre de 2021.
El 11 de agosto de 2025, la Sala Unipersonal 4 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, a cargo de María Paiaro, condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de $6.679.823.921, más $341.469.100 por mejoras realizadas en el predio, con intereses desde el 24 de noviembre de 2024. La jueza remarcó “la conducta del expropiante en cuanto a la desobediencia de las normas constitucionales”. La causa continúa en el Tribunal Superior de Justicia y una parte llegó a la Corte Suprema.
El segundo caso corresponde a la expropiación de 4.586 hectáreas pertenecientes a Ramón Díaz, ubicadas en la zona de Los Mogotes, cerca de Patquía, aprobada por la Legislatura en octubre de 2024. Las tierras habían sido adquiridas por Díaz en 2003, durante la gobernación de Ángel Maza. El proyecto original contemplaba un desarrollo turístico. La administración provincial argumentó que el emprendimiento no se había concretado y que los inmuebles tenían potencial para políticas turísticas, económicas y culturales, además de mejorar el acceso al agua de los habitantes de Patquía.
La oposición cuestionó la falta de precisión sobre el destino de los inmuebles y el monto de la indemnización, que según legisladores oficialistas sería similar al valor de compra original. Tras la decisión legislativa, Díaz se reunió con Javier Milei, Luis Caputo y Martín Menem, quien defendió públicamente al entrenador y cuestionó la medida.