La Junta de Castilla y León inició un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja, en Segovia, por la falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento en el sacrificio de más de 200 ciervos, según informó la organización Igualdad Animal.
La Junta de Castilla y León ha abierto un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja, ubicado en Segovia, por posibles infracciones de la normativa de bienestar animal durante la matanza de más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo. La medida fue adoptada tras una denuncia presentada por la fundación Igualdad Animal.
Según la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, el expediente, actualmente en fase de instrucción, se inicia por la falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre. La organización calificó esta actuación como una infracción muy grave, que podría conllevar sanciones de entre 6.001 y 100.000 euros.
En mayo, Igualdad Animal documentó en dichas instalaciones disparos múltiples, animales conscientes durante el desangrado y ejemplares colgados vivos por una extremidad, hechos que podrían vulnerar la normativa europea de protección animal. Los ciervos, descritos como muy nerviosos y fácilmente excitables por no estar habituados al contacto humano, fueron trasladados al matadero tras ser sometidos a manipulación y extracción de sus cuernos.
La fundación también reportó ocho incumplimientos del reglamento europeo sobre protección de animales durante la matanza, incluyendo signos de miedo y estrés agudo, uso de bastones para forzar el movimiento de los animales e introducción simultánea de varios ciervos en la zona de sacrificio.
La denuncia fue presentada el 22 de diciembre de 2025 y posteriormente trasladada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). La Consejería de Sanidad señaló que el matadero contaba con autorización para el sacrificio de caza de cría y que la actividad se desarrollaba bajo supervisión veterinaria oficial. Igualdad Animal indicó que su denuncia no cuestionó la autorización administrativa del establecimiento, sino las prácticas observadas durante la matanza y la eficacia de los mecanismos oficiales de control.
La organización mantiene una reclamación en materia de transparencia por la falta de respuesta de la Administración a su solicitud de acceso a los informes de los Servicios Veterinarios Oficiales, actas de inspección, medidas correctoras, protocolos aplicados e información sobre el Sistema de Videovigilancia del Bienestar Animal (SVBA).
Igualdad Animal afirmó que la Junta de Castilla y León confirmó que los ciervos declarados aptos para consumo humano tras la inspección veterinaria oficial se incorporaron a la cadena alimentaria y que las canales fueron destinadas a establecimientos dentro del territorio nacional.
Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, declaró: «Este caso demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal. Ahora es imprescindible que la instrucción analice el alcance de los posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos».