La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU 366/2025 que endurecía la política migratoria. El Gobierno apeló y presentó un nuevo decreto que permite impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos o los símbolos patrios.
El nuevo decreto de Javier Milei contra extranjeros acusados de promover mensajes de odio se inscribe en la política migratoria que el Gobierno comenzó a endurecer en 2025 mediante un DNU. Aquella reforma recibió un revés el 30 de junio, cuando la Cámara Nacional Electoral anuló el DNU 366/2025. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades al trasladar a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina y señaló que no existían razones excepcionales suficientes para evitar el Congreso. El Gobierno apeló y el caso quedó en manos de la Corte Suprema.
Mientras espera esa resolución, la Casa Rosada decidió avanzar otra vez sobre el mismo terreno. El DNU 681/2026, presentado este jueves, vuelve a endurecer la política migratoria, esta vez al permitir que se impida el ingreso o se cancele la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos o participen en actos contra los símbolos patrios.
Los dos decretos no tienen el mismo contenido, pero comparten un espíritu representante de los valores libertarios. El primero planteaba que el acceso a la ciudadanía, la salud o la educación debía quedar condicionado por la situación migratoria y la contribución al país. El segundo incorpora, además, otro requisito: el respeto por la Argentina como condición para ingresar o permanecer en ella.
La principal diferencia está en el contexto político. El decreto de 2025 formó parte de una reforma más general del régimen migratorio. El actual apareció después del Mundial, en medio de las acusaciones oficiales sobre una supuesta campaña internacional contra la Argentina y de publicaciones de extranjeros que se burlaron de la Selección o calificaron al país como racista.
El diputado bonaerense Agustín Romo presentó en ese clima un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por hospitales y universidades provinciales. La propuesta fue respaldada por las distintas vertientes de La Libertad Avanza y también por Patricia Bullrich. “Muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas”, sostuvo Romo al defender la iniciativa.
El endurecimiento de la política migratoria también se expresó en junio de este año con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, oficializado mediante la Resolución 551/2026. La iniciativa conformó unidades especializadas dentro de las fuerzas federales para reforzar los controles, la investigación de ilícitos y el intercambio de información con la Dirección Nacional de Migraciones.
Después de la publicación del DNU 681, Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, celebró la decisión con una consigna directa: “Los que odian a la Argentina no son bienvenidos”. Una semana antes había sostenido que la denominada campaña antiargentina era “la última manifestación ideológica de la agenda woke”.
La estrategia también tiene un efecto gradual. El Gobierno no propone cobrarles a todos los estudiantes, sino comenzar con los extranjeros sin residencia permanente. Algo similar ocurre con el nuevo decreto: la idea de una “campaña antiargentina” se transformó en el fundamento de una política concreta de ingreso y expulsión de extranjeros.