El secretario de Bases Federadas y productor agropecuario de Pergamino, Sebastián Campo, analizó el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Tierras y señaló que eliminar los límites a la compra de campos por parte de extranjeros representa un riesgo para la soberanía nacional.
El secretario de Bases Federadas y productor agropecuario de Pergamino, Sebastián Campo, analizó para Canal E el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Tierras y aseguró que eliminar los límites a la compra de campos por parte de extranjeros representa un riesgo para la soberanía nacional.
Campo explicó que la legislación vigente, sancionada en 2011, establece límites a la extranjerización de las tierras rurales y protege zonas estratégicas. «El suelo argentino no se vende y es entonces una ofensa a la memoria de nuestros abuelos», afirmó.
En ese sentido, recordó que la normativa actual «protege y pone límites, como en cualquier país del mundo no es nada anormal, a la extranjerización de la tierra» y remarcó que fija un máximo del 15% de superficie en manos extranjeras, además de proteger espejos de agua, ríos y recursos minerales.
Campo cuestionó especialmente la comparación realizada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. «Nada tiene que ver aquella Argentina de 1950, de 1960, con la Argentina de hoy, del 2026 y nada tiene que ver el acceso a la tierra de los pequeños y medianos colonos que venían a labrar la tierra, a cultivar la tierra, a criar el ganado, con un proceso que evidentemente tiene que ver con un desguace de nuestra nación», sostuvo.
Asimismo, advirtió que la iniciativa permitiría el ingreso de grandes fondos de inversión y cuestionó que incluso puedan participar empresas estatales extranjeras: «Esta ley que el Ejecutivo Nacional pretende modificar de la mano de Federico Schwarzenegger saca todos estos límites abriendo una puerta gigante a la entrada de grandes capitales».
El entrevistado también expresó preocupación por la posibilidad de que la flexibilización facilite operaciones vinculadas al crimen organizado en zonas de frontera. Al referirse al proyecto, aseguró que «esta ley abre esa ventana claramente», en referencia a la posibilidad de adquirir tierras sin que se investigue el origen de los fondos.
Según explicó, la normativa vigente impide durante años cambiar el destino productivo de esos terrenos, mientras que la reforma eliminaría ese impedimento. «Modifica, entre otras cosas, una prohibición de utilización de tierra incendiada», alertó, y agregó que «esto favorecería la intencionalidad de hacer luego un incendio para luego hacer, no sé, un proyecto inmobiliario o un proyecto minero».