El derecho de familia experimenta una transformación: la patria potestad cede lugar a la responsabilidad parental, un modelo que redefine la autoridad de los padres como un deber en beneficio del menor, basado en la autonomía progresiva reconocida por la Convención sobre los Derechos del Niño.
El derecho de familia atraviesa una transformación: la patria potestad cede paso a la responsabilidad parental, un modelo donde la autoridad de los padres se concibe como un deber ejercido en beneficio del menor. Este cambio se fundamenta en el concepto de autonomía progresiva, que reconoce la capacidad de los menores de ejercer sus derechos de manera gradual a medida que se desarrollan.
La Convención sobre los Derechos del Niño estableció que los hijos son sujetos de derecho, no meros destinatarios de protección. A partir de ese marco, la pregunta central ya no es qué pueden decidir los padres por sus hijos, sino cuánto debe participar el niño en las decisiones que afectan su propia vida.
Esta evolución ha sido recogida por ordenamientos jurídicos de España, Francia, Italia y diversos países latinoamericanos, que reformularon la patria potestad bajo el concepto de responsabilidad parental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha ampliado el alcance de este principio mediante su jurisprudencia.
La responsabilidad parental exige un equilibrio entre protección y libertad, evitando tanto el paternalismo excesivo como el abandono de las responsabilidades parentales. Cada decisión debe considerar la edad, la madurez, el contexto familiar y el interés superior del menor.
La autonomía progresiva no implica que los hijos decidan todo ni que los padres pierdan autoridad. La autoridad solo será legítima cuando eduque para la libertad y acompañe el crecimiento de la persona.