Tras los sismos en Venezuela, especialistas de la región analizaron en una jornada de ingeniería sísmica la necesidad de aplicar normativas de construcción y garantizar la resiliencia de las ciudades.
Más de dos semanas después de que dos potentes terremotos sacudieran el centro-norte de Venezuela, el país sigue enfrentando una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente. La cifra oficial de fallecidos supera las cuatro mil personas, mientras miles continúan desaparecidas bajo toneladas de escombros, más de dieciséis mil personas resultaron heridas y decenas de miles perdieron sus hogares. La magnitud del desastre mantiene en incertidumbre el inicio de una recuperación que podría extenderse durante años.
Las imágenes de edificios colapsados, barrios enteros reducidos a escombros y hospitales operando al límite han movilizado a la comunidad internacional y encendido las alarmas entre especialistas en ingeniería sísmica de América Latina, quienes consideran que la tragedia venezolana deja lecciones que países como Panamá no pueden ignorar.
Este fue el eje de la Jornada de Ingeniería Sísmica: Avances y Desafíos en la Región, organizada por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), donde expertos de Costa Rica, México y Panamá analizaron los aprendizajes del desastre y cómo incorporarlos a las normativas nacionales.
Luis Pinzón, director de Investigación de la USMA y miembro del Comité Consultivo Permanente para el Reglamento de Diseño Estructural Panameño, afirmó que el principal desafío consiste en transformar el conocimiento científico en ciudades realmente resilientes. Durante la jornada explicó que los recientes terremotos recuerdan que el riesgo sísmico continúa siendo uno de los mayores desafíos para América Latina y que, aunque la ingeniería sísmica ha avanzado considerablemente, todavía existe una brecha entre la existencia de reglamentos y su aplicación efectiva.
Pinzón sostuvo que el terremoto de Venezuela demuestra que no basta con disponer de buenos códigos de diseño, sino que es indispensable garantizar su cumplimiento mediante inspecciones rigurosas durante las obras, programas permanentes de evaluación de edificaciones existentes y una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes. También insistió en que hospitales, escuelas y demás infraestructura crítica deben diseñarse para mantenerse operativos después de un gran sismo.
Diego Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica, explicó que el éxito de su país no depende únicamente de un código moderno, sino de que ese reglamento tiene fuerza de ley nacional. En Costa Rica ninguna construcción puede obtener permisos municipales sin la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y sin que exista un profesional responsable que asuma civilmente cualquier falla estructural. Hidalgo destacó además que la comisión encargada de redactar el Código Sísmico costarricense funciona de manera independiente de intereses políticos, empresariales o gremiales.
Desde México, el doctor Miguel Mánica, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó otro enfoque basado en tecnología. Explicó que la Ciudad de México dispone de un sistema digital que, utilizando las coordenadas exactas del terreno donde se levantará una edificación, genera automáticamente el espectro sísmico de diseño más adecuado para ese sitio. El investigador señaló que esa metodología permite considerar las características particulares del suelo y reducir incertidumbres que pueden afectar el comportamiento de una estructura durante un terremoto, gracias a la extensa red acelerográfica desarrollada por México tras los sismos de 1985 y 2017.
Las conclusiones de la jornada coincidieron en tres aspectos considerados fundamentales: continuar fortaleciendo el conocimiento sobre las amenazas sísmicas y actualizar permanentemente los reglamentos; incorporar con mayor rigor las condiciones del terreno y los efectos de sitio en el diseño estructural; y garantizar construcciones de calidad mediante el cumplimiento efectivo de las normas técnicas. Según estimaciones de Naciones Unidas, los daños físicos en edificios e infraestructura en Venezuela ascienden a unos treinta y siete mil millones de dólares, mientras más de un millón de personas requerirán asistencia humanitaria en los próximos meses. La remoción de escombros continúa en numerosas zonas afectadas.