La ONG Prisoners Defenders reportó 1.306 presos políticos en Cuba, un récord histórico a cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021. El organismo señaló un incremento en la vigilancia digital y cambios en el perfil de los detenidos.
La ONG Prisoners Defenders, con sede en España, publicó este jueves su informe mensual sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Según el documento, hay 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, una cifra récord que se conoce a horas del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, fecha de las protestas masivas que derivaron en la detención de cerca de ocho mil personas.
Javier Larrondo, presidente de la organización, declaró al programa De buena fuente, conducido por Marian De La Fuente, que «el régimen está demostrando que no está poniendo ningún límite y su represión es horizontal».
En los últimos seis meses ingresaron más de 175 nuevos presos políticos a las listas de Prisoners Defenders. Solo en el último mes, 32 casos fueron verificados, con otros 21 pendientes de confirmación.
Antes del estallido del 11J, Cuba registraba entre 140 y 150 presos políticos por año. Hoy esa cifra supera los 1.300, y los nuevos ingresos mensuales ya sobrepasan lo que antes era el total anual. Larrondo detalló que en marzo ingresaron 44 nuevos casos, 28 el mes siguiente y entre 40 y 50 en junio, contando los verificados y los pendientes de confirmación.
El perfil de los detenidos también cambió. Las mujeres, que antes representaban entre el 3% y el 5% de los presos políticos, ya superan el 20% de los nuevos ingresos. Los menores tampoco quedaron al margen: en marzo fueron detenidos Cristian Crespo y Jonathan Muir, y en el último mes se sumaron seis casos más. «Los ratios ya no son del 3% de mujeres, 5%. Ya estamos hablando de ratios por encima del 20% de mujeres», señaló Larrondo.
El día previo al aniversario, el activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara emitió una breve señal de vida. Solo dijo: «Estoy bien». Su familia no sabía dónde se encontraba. Para Larrondo, la situación ilustra una diferencia central entre una dictadura y una dictadura totalitaria: en la segunda, el poder viola sus propias normas cuando le conviene. «En la totalitaria, el régimen en el poder viola sus propias normas cuando le da absolutamente la gana», afirmó.
Las fuentes consultadas por De La Fuente desde La Habana indicaron que Otero Alcántara habría salido de prisión junto a otras tres personas, al menos una de ellas enferma, y que las autoridades habrían intentado primero estabilizar su estado físico antes de cualquier aparición pública.
Según Larrondo, las cárceles cubanas aplican una política sistemática de desnutrición que afecta tanto a presos comunes como políticos. «Normalmente lo que suelen hacer es tenerlos una semana, diez días, un poco mejor alimentados y para que se les pasen los moretones, para que se les pase la desnutrición famélica que muchos de ellos tienen», explicó.
El caso del activista Alexander Díaz ilustra los límites a los que puede llegar esa política. Larrondo reveló que ya en 2025 recibió fotografías suyas que lo mostraban en un estado físico devastador: «Tiene un cáncer, tiene hepatitis, está destruido. Este hombre no va a salir vivo de esta». Todavía le quedaba un año de condena. «Seamos claros: Alexander tenía que estar muerto», dijo Larrondo.
El panorama que describe Larrondo va mucho más allá de las cárceles. Cuba atraviesa un colapso generalizado que abarca los servicios más básicos: hospitales sin insumos, calles sin recolección de basura por falta de gasóleo, apagones extendidos y una población que cocina con leña en la vía pública. Las imágenes que circularon en los días previos al aniversario mostraban a habitantes de La Habana durmiendo en los soportales durante la noche para escapar del calor. Los hospitales, según los testimonios recogidos por el programa, operan con cubos de agua sucia junto a las camas, colchones en condiciones deplorables y sin sábanas.
Frente a ese cuadro, Larrondo afirmó: «Lo que están haciendo es generar una política de terrorismo de Estado». El régimen, sostuvo, ya no busca consolidar el poder sino sobrevivir. «Ya no es mantener el poder, ya es ver cómo sobrevivo, porque van a, evidentemente, van a sucumbir», afirmó. En ese contexto, el gasto en tecnología de represión no se detiene. Mientras la población carece de lo esencial, el régimen destina recursos a drones para sobrevolar protestas e identificar participantes. El conglomerado militar GAESA, señaló Larrondo, mantiene decenas de miles de millones de dólares en el exterior.
Uno de los cambios más profundos de los últimos cinco años es la transformación del aparato de inteligencia cubano. «Están catalogando toda su vida online, sus relaciones con otros, su mensajería con otros, sus llamadas», detalló Larrondo. El resultado es un sistema de vigilancia prospectiva que permite identificar a los disidentes antes de que actúen y enviar una señal de advertencia al resto de la población. «A aquellos que son desafectos y lo manifiestan en público, directamente darles una lección a todo el resto de que nadie ose hacer algo así», explicó. «Lo de Cuba ahora se ha puesto orwelliano total», sentenció.
A cinco años del 11J, la pregunta que sobrevuela el aniversario es si el pueblo cubano volverá a las calles. Larrondo identifica dos factores que determinan las posibilidades de una nueva movilización: la infiltración del régimen en las organizaciones opositoras y la naturaleza espontánea de las protestas. «Si para el gobierno americano han pasado inadvertidos numerosos espías, imagínate para la pobre oposición», señaló. «Cuando es espontánea y no la ha creado ninguna organización concreta, es más fácil que espontáneamente la gente siga un principio muy básico, que es salgamos a la calle», explicó. El propio 11J de 2021, recordó, respondió a esa lógica. Todo apunta a que fue espontáneo, y esa característica fue precisamente lo que le dio su fuerza y su alcance masivo.