El fiscal Diego Velazco solicitó penas de hasta seis años de prisión para los principales acusados en el juicio por presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
El fiscal Diego Velazco presentó su alegato final en el juicio que investiga presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, ejecutado entre 2006 y 2011 por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender. La solicitud de pena máxima para los involucrados fue de seis años de prisión.
Entre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación. El fiscal afirmó que «fue un hecho de gran corrupción» y que «la pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad».
Para los exfuncionarios provinciales Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, el fiscal pidió cuatro años de prisión como partícipes secundarios. Además, solicitó el decomiso de más de 200 millones de pesos, correspondientes al desvío de fondos detectado por la Auditoría General de la Nación.
La acusación sostiene que entre 2008 y 2011 se otorgaron convenios de manera irregular para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios. El Estado destinó alrededor de 1295 millones de pesos al programa, de los cuales la Secretaría transfirió más de 748 millones, y de allí habrían sido sustraídos los 206 millones que el fiscal pidió decomisar.
El fiscal señaló que no hubo atenuantes para los acusados, ya que todos eran profesionales y gozaban de un buen pasar económico. Indicó que «se ha probado en este debate que se desvió dinero para cuestiones que hacen a las individualidades de los imputados» y que «motivó encima que no se pudiera cumplir con el objetivo de hacer las casas o el fin social».
El equipo fiscal describió un sistema de «manipulación de las normas», un «apagón» en el control estatal y una trama societaria ligada a los Schoklender para el desvío de fondos. La acusación reconstruyó que dos programas sociales con diferentes financiamientos fueron distorsionados.
Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, estaba imputada en la causa pero falleció en 2022. En las próximas audiencias se presentarán los alegatos de la querella y luego los de las defensas.