La Libertad Avanza y bloques dialoguistas consensuaron sesionar el 18 de junio para tratar el proyecto de propiedad privada y pliegos judiciales.
Buenos Aires, 9 de junio (NA).- La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron sesionar en el Senado el próximo jueves 18 de junio para debatir el proyecto de propiedad privada, que introduce modificaciones sobre las restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales.
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, ambas partes mantuvieron una reunión esta noche para consensuar los cambios en la venta de tierras, donde existen mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que acompañan los proyectos del Gobierno.
Participaron del encuentro la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos «Camau» Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia, Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.
Una de las alternativas en estudio establece que, en casos donde un estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras, o se trate de lugares en la frontera, la operación deberá contar con el respaldo del Congreso Nacional. En el resto de los casos, será el gobernador de cada provincia quien resuelva la aprobación, pero para ello cada legislatura deberá aprobar su propia ley de tierras.
Se acordó que en los próximos nueve días se redactarán los cambios del proyecto para que la sesión cuente con todos los acuerdos cerrados. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites, conforme a la Constitución Nacional.
En la sesión del 18 de junio también podrían sumarse los siete pliegos judiciales que obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien recibió objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la reforma laboral. Asimismo, se evalúa votar un proyecto que obtuvo despacho y que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por delitos ambientales graves, además de convenios internacionales.
Además, se consensuó iniciar la próxima semana reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, que busca desregular la conformación de las mismas, reducir la participación estatal y permitir su creación mediante inteligencia artificial.