La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París autorizó este miércoles la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, en respuesta a una euroorden emitida por la Audiencia Nacional. El traslado no será inmediato, ya que debe resolverse primero una causa abierta en Francia.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha autorizado este miércoles la entrega a España del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, en respuesta a una euroorden emitida por la Audiencia Nacional. La decisión abre la puerta a que el exdirigente de la organización terrorista pueda ser juzgado en territorio español por procedimientos que permanecen pendientes, aunque su traslado no se producirá de manera inmediata, ya que continúa sujeto a una causa judicial abierta en Francia.
El tribunal francés precisó durante la vista que la entrega tendrá carácter diferido, lo que implica que solo podrá ejecutarse una vez que Urrutikoetxea haya resuelto todas sus cuentas pendientes con la justicia francesa. El exdirigente etarra fue juzgado el pasado mes de abril en relación con una causa por su pertenencia a ETA entre los años 2002 y 2005, y la sentencia de ese procedimiento está prevista para el próximo 2 de julio.
Durante la sesión celebrada en París, el presidente del tribunal recordó que, en caso de ser finalmente entregado a España, Urrutikoetxea podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión por los hechos incluidos en la euroorden. El histórico dirigente de ETA estuvo presente en la sala acompañado por sus abogados.
La decisión judicial supone un nuevo paso en un largo recorrido procesal que se prolonga desde hace años entre las autoridades judiciales francesas y españolas. Aunque la justicia francesa ya había dado luz verde anteriormente a otras euroórdenes cursadas contra él, la aprobada este miércoles presenta diferencias relevantes respecto a las anteriores.
Ampliación del periodo investigado
La Audiencia Nacional acordó en diciembre emitir una nueva euroorden con el objetivo de ampliar el alcance de las acusaciones que pesan sobre Urrutikoetxea. La orden extiende el periodo por el que se le atribuyen responsabilidades dentro de ETA desde 2002, año en el que abandonó España, hasta mayo de 2019, fecha en la que fue detenido en los Alpes franceses.
Además de ampliar el marco temporal, la nueva reclamación judicial modifica la naturaleza de la acusación. Mientras que procedimientos anteriores se referían a su presunta pertenencia a la organización terrorista, la euroorden ahora validada por el Tribunal de Apelación de París le atribuye una responsabilidad superior, al considerarlo presuntamente dirigente de ETA durante ese periodo.
La Audiencia Nacional fundamentó esta ampliación en un informe policial según el cual Urrutikoetxea habría continuado dando instrucciones a la organización hasta el anuncio oficial de su disolución, comunicado el 3 de mayo de 2018.
La aceptación definitiva de la euroorden permanecía pendiente de que los magistrados franceses resolvieran una petición formulada por la defensa. Los abogados de Urrutikoetxea habían solicitado información complementaria a la Audiencia Nacional para conocer las condiciones concretas en las que sería tratado en España en caso de entrega, especialmente teniendo en cuenta su edad, 75 años, y su estado de salud. Sin embargo, el tribunal francés rechazó esa solicitud de información adicional y validó la ejecución futura de la euroorden.
Dos procedimientos pendientes en España
La Audiencia Nacional reclama a Urrutikoetxea para que pueda ser juzgado en dos causas que permanecen abiertas en España. La primera se refiere al atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de 1987. Aquel ataque causó la muerte de once personas y dejó además 88 heridos.
La segunda causa está relacionada con la presunta financiación de la organización terrorista a través de las denominadas herrikotabernas, los establecimientos vinculados al entorno de la izquierda abertzale que durante años estuvieron bajo investigación judicial por su supuesta utilización para sostener económicamente a la banda.
La autorización concedida por la justicia francesa no supone una resolución sobre el fondo de estas investigaciones, sino la aceptación de que España pueda reclamar al acusado para que sea juzgado por esos procedimientos cuando finalicen los procesos pendientes en Francia.
Actualmente, Urrutikoetxea reside en el País Vasco francés y permanece en libertad bajo control judicial. Su situación procesal sigue condicionada por la causa que se encuentra a la espera de sentencia en Francia y por la posibilidad de que esa futura resolución sea recurrida.
En el juicio celebrado el pasado abril, la Fiscalía francesa solicitó una pena de cinco años de prisión por su participación en ETA entre 2002 y 2005. No obstante, el Ministerio Público pidió que se le eximiera del cumplimiento efectivo de esa condena al considerar que la actividad atribuida durante ese periodo no estuvo relacionada con la preparación o ejecución de atentados.
Ese mismo procedimiento tiene su origen en una condena dictada en rebeldía en 2010. Tras ser arrestado en Francia en mayo de 2019, Urrutikoetxea recurrió aquella resolución y reclamó ser juzgado nuevamente con su presencia física en el proceso. El Tribunal de Apelación de París aceptó su petición.
Posteriormente, la estrategia de la defensa logró que el sumario regresara a la fase de instrucción, lo que obligó a reiniciar la tramitación desde sus etapas iniciales y prolongó la resolución definitiva del caso. Ese retraso ha contribuido a aplazar durante años cualquier posible entrega a España, una posibilidad que ahora vuelve a situarse en el horizonte judicial a la espera de que la justicia francesa cierre definitivamente los procedimientos aún abiertos contra el histórico dirigente de ETA.