Ana María de las Nieves Aquín envió una notificación formal al intendente Carlos Saloniti, denunciando la «extrema gravedad ambiental e institucional» por vertidos de efluentes sin tratar al lago Lácar.
La intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió el martes pasado una notificación formal al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, denunciando la “extrema gravedad ambiental e institucional” derivada del funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano. La intimación otorga un plazo de 72 horas para presentar informes técnicos y planes de contingencia.
Según el documento, los vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco afectan directamente la calidad del agua del lago Lácar, un ecosistema protegido por leyes nacionales. Desde el Parque Nacional Lanín indicaron que la situación “requiere abordajes técnicos inmediatos, articulación interinstitucional y medidas preventivas sostenidas, especialmente en un contexto de crecimiento urbano y aumento de la demanda sobre los sistemas de saneamiento”.
La problemática cobró relevancia pública tras un pedido de vecinos a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos sobre el estado de las plantas de tratamiento. Datos iniciales del 12 de mayo sobre vertidos por bypass generaron alarma, pero la cooperativa emitió un comunicado desmintiendo el “colapso”, calificándolo de “interpretación exclusiva de los vecinos”. La institución admitió un “error involuntario” en la entrega de datos, donde se informó un valor de vertido como diario cuando era acumulado mensual. No obstante, reconoció un déficit estructural: las ampliaciones del sistema proyectadas para 2008 y 2018 nunca fueron ejecutadas por el Estado.
Marcela Mariña, vicepresidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes, afirmó: “Se ratificó que las plantas necesitan inversión y ampliaciones, previstas, algo que se viene reclamando desde el año 2008, fecha en la que debería haberse hecho la primera”.
El defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, manifestó su preocupación ante el riesgo sanitario. Alertó que la capacidad de las plantas se ve sobrepasada en temporada estival por el aluvión turístico y advirtió sobre deficiencias en el depósito de barros cloacales, proponiendo una revisión tarifaria para asegurar insumos. El jueves último, la Defensoría reclamó un plan de contingencia por nuevos derrames y dio intervención a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Cancillería argentina, Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén y la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.
En diciembre de 2024, la rotura de una cañería en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC-1) obligó a activar un bypass que derivó líquidos con tratamiento parcial al lago, motivando la clausura preventiva del acceso costanero. En septiembre de 2025, otra rotura crítica en una cañería principal provocó un vertido de emergencia al arroyo Pocahullo, clausurando la playa del centro. Durante ambas contingencias, el parque Lanín solicitó información técnica a la municipalidad y al Organismo de Control Municipal (OCM), pero “nunca se recibió la información requerida”, según el área protegida.
Desde la municipalidad confirmaron que el OCM debe responder a la intendenta del parque nacional. Se prevé que su coordinador, Saúl Castañeda, brinde una respuesta técnica esta semana. El OCM ya negó que las plantas estén colapsadas, en línea con la cooperativa.
Aquín sostuvo: “La continuidad, pasividad o negligencia ante los vuelcos de efluentes sin tratar impacta de manera directa sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales, generando efectos acumulativos y sinérgicos de degradación ambiental de carácter irreversible”. Agregó: “La planificación urbana y el otorgamiento de factibilidades edilicias no pueden disociarse de la capacidad real de soporte de la infraestructura sanitaria. Avanzar en el desarrollo urbano ignorando esta premisa vulnera abiertamente los Principios Preventivo y Precautorio consagrados en el Artículo 4º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675”.
Valeria López Oronoz, vecina que presentó un pedido formal de información, señaló que el municipio impulsa un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, un Plan de Movilidad Urbana y un Código de Planeamiento Urbano. Se preguntó: “¿Se puede planificar el crecimiento de una ciudad turística (más edificios, más densidad, más población) cuando su propio prestador sanitario reconoce por escrito que el sistema cloacal ya opera al límite y vierte al lago en cada temporada alta?”. Añadió que la problemática lleva unos 20 años.
Hace un año, el gobernador neuquino Rolando Figueroa y el intendente Saloniti firmaron un convenio para ejecutar la obra de tratamiento y disposición de barros cloacales, con aportes provinciales y municipales al 50%. Saloniti afirmó que la idea era “seguir ayudando a la Cooperativa de Agua, que siempre requiere inversiones, a partir de no contar con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que era la fuente de financiamiento nacional que siempre tuvimos”. En 2024 se disolvió el Enohsa, y el acuerdo quedó fuera del presupuesto.
Esta semana, Aquín reclamó un cronograma de obras definitivo con plan de inversiones, ampliación, adecuación y mejora del sistema cloacal, especificando plazos, fuentes de financiamiento y responsables institucionales. La ONG Amigos de la Patagonia calificó la liberación de líquidos cloacales al lago como un “delirio” y subrayó el impacto negativo en el ecosistema y la economía turística.