Con el 99,66% de los votos escrutados, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan voto a voto el pase a la segunda vuelta en medio de denuncias de irregularidades y un llamado a defender el voto popular.
LIMA.– El candidato de izquierda a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, llamó el sábado a sus votantes a defender los resultados que lo colocan en segunda vuelta, luego de que el aspirante ultraderechista Rafael López Aliaga denunciara un “golpe de Estado” electoral a favor de su rival. “Llamo a la defensa del voto popular, exigimos el respeto al voto popular”, dijo el líder de la coalición Juntos por el Perú en un mitin en un barrio popular de Lima, en el inicio de su campaña al balotaje del 7 de junio.
Con el 99,66% de los votos escrutados, la derechista Keiko Fujimori lidera los resultados de la primera vuelta del 12 de abril con 17,1% de los sufragios. Sánchez, con 12%, y López Aliaga, con 11,9%, se disputan voto a voto el paso a la segunda ronda en un escrutinio que avanza con retraso y en medio de denuncias de irregularidades en la elección. La diferencia entre ellos se redujo el sábado a 14.800 votos con ventaja para Sánchez, cuando quedan por revisar unos 100.000 votos.
“¡El pueblo ha dicho quiénes están en la segunda vuelta!”, proclamó el líder izquierdista ante centenares de simpatizantes reunidos en una plaza de Huaycán, al este de Lima. Sánchez propuso crear “un frente patriótico y popular para tener una mayoría sólida” en el congreso bicameral con el fin “de formar un gobierno de ancha base para hacer reformas profundas”. Vestía camisa blanca, pantalón oscuro y sombrero campesino de copa alta, prendas que lo han identificado desde que empezó la campaña. Los resultados finales se conocerían el 15 de mayo, según el Jurado Nacional de Elecciones.
López Aliaga, exalcalde de Lima, denunció el viernes que en Perú “se está consumando un golpe de Estado contra la democracia” porque las autoridades electorales “nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legítimas”. “Estos resultados, si sigue esto así, no los reconocemos”, advirtió el candidato, antes de recalcar que en ese caso el elegido “va a ser un gobierno ilegítimo, espurio, impuesto por una dictadura que está basada en la autoridad electoral”.
En una entrevista con CNN, López Aliaga dijo que los mecanismos de revisión dispuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ofrecen las garantías suficientes y pidió la realización de un peritaje forense externo. “Ya estamos con un tema criminal acá, un peritaje forense hecho por alguien tipo KPMG, BDO, Price Waterhouse o E&Y, una de estas grandes. Ellos contratan a una empresa chiquitita para auditar (…) Dos personas para auditar que les pagan tres cuartos de millón de soles. Es ridículo cómo están manejando esto”, dijo López Aliaga, insistiendo en la necesidad de la intervención de firmas auditoras internacionales antes de la segunda vuelta. “No es un tema de casualidad; aquí hay dolo, aquí hay delito. Esos son más de 20 años de cárcel para toda esta gente”, agregó.
El exalcalde detalló además supuestas maniobras deliberadas para impedir el ejercicio del sufragio tanto en Lima como en el extranjero. Denunció que en la capital peruana el material electoral no fue distribuido a tiempo, afectando a cerca de 600,000 ciudadanos, y una estrategia para hacerle “muy complicada la vida al votante del extranjero”. “Si usted vive en Miami le han puesto su mesa en Orlando; si vive en San Diego, se la han puesto en Los Ángeles”, dijo. Su partido Renovación Popular denuncia desde hace semanas presunto fraude e irregularidades que impidieron instalar mesas de votación y a miles ejercer su derecho al sufragio. El partido ha convocado varias protestas en Lima, una de las cuales se realizó este sábado.
En las elecciones del 12 de abril se registraron demoras en el inicio de la votación y fallas logísticas que obligaron a prolongar un día la jornada electoral en Lima. Ante los reclamos, la primera vuelta será sometida a una auditoría informática, indicó el Jurado Nacional de Elecciones aunque no precisó los plazos. Sin embargo, una misión de observadores de la Unión Europea (UE) señaló que no encontró elementos que sustenten una “narrativa de fraude”.