El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en el Congreso que el Ejecutivo mantiene el objetivo de eliminar los derechos de exportación, aunque condicionó cualquier avance al equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó este jueves ante el Congreso que el Gobierno nacional mantiene como objetivo la eliminación de las retenciones al agro, pero evitó fijar plazos y condicionó cualquier avance al sostenimiento del equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Durante la presentación del informe de gestión, Adorni respondió preguntas de la oposición sobre el esquema de derechos de exportación y sostuvo que la actual reducción “tiene carácter permanente”, aunque forma parte de un “proceso gradual”. El funcionario remarcó que la continuidad de la baja dependerá de “las condiciones generales de la economía” y del orden en las cuentas públicas.
El Gobierno defendió las medidas ya implementadas, como la eliminación de retenciones para economías regionales, lácteos, porcinos y algunas categorías de carne, además de reducciones en granos y derivados. “El objetivo es avanzar hacia la eliminación de las retenciones y continuar el proceso de reducción que se viene materializando en forma periódica, en la medida que las condiciones generales de la economía lo permiten”, respondió el funcionario.
Según explicó, la política oficial apunta a “eliminar impuestos distorsivos” y dar mayor libertad al sector productivo, aunque advirtió que una quita inmediata de retenciones implicaría una caída de ingresos fiscales. “Si se hiciera en forma inmediata en las condiciones actuales, esto redundaría en una pérdida de recaudación en el corto plazo que generaría déficit fiscal”, precisó Adorni.
Uno de los datos más relevantes del informe fue el costo fiscal de la eliminación transitoria de retenciones dispuesta por el Decreto 682/2025 de septiembre pasado. De acuerdo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado dejó de percibir US$1517 millones por esa medida. El beneficio fijó una alícuota del 0% para exportaciones de granos y subproductos, vigente hasta alcanzar un tope de US$7000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que ocurrió en 72 horas.
En relación con el funcionamiento del esquema, se indicó que las DJVE fueron registradas bajo la normativa vigente y que la Secretaría de Agricultura tuvo la potestad de aprobarlas y controlar la tenencia de mercadería, descartando irregularidades en el proceso.
Por otra parte, el Gobierno confirmó que los ingresos por derechos de exportación no tienen una asignación específica, sino que se integran a las rentas generales del Estado. “Los ingresos por derechos de exportación se destinan a rentas generales, sin una asignación específica. De este modo, los fondos no cuentan con un destino puntual y quedan bajo administración del Tesoro nacional”, aseveró el informe.
En paralelo, ante consultas sobre el impacto territorial de estos recursos, ARCA detalló que solo en el primer trimestre de 2026 la recaudación por retenciones vinculada a operaciones registradas en la provincia de Santa Fe alcanzó los $677.256 millones. El dato vuelve a poner sobre la mesa la discusión por la distribución de estos ingresos, que no son coparticipables y quedan en su totalidad bajo la órbita del Tesoro nacional.
En el informe, el Gobierno también detalló el impacto de la reestructuración y los retiros voluntarios del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se registraron 563 desvinculaciones entre 2025 y 2026. Según se indicó, “la mitad o más de la reducción de personal dentro del organismo fue por jubilación de personas que ya estaban en edad”, a lo que se suman renuncias y finalizaciones de contratos. Desde el Ejecutivo rechazaron que se trate de un ajuste estructural y afirmaron que “permanentemente hubo recursos humanos que fluyen hacia el sector privado”.
La gestión defendió el proceso de reorganización interna y revisión de actividades, al señalar que “se revisaron más de 6000 actividades del INTA” y que solo una parte de ellas contaba con métricas claras de impacto. Bajo ese criterio, sostuvieron que “se garantiza continuidad de las líneas de investigación y extensión consideradas prioritarias”.