El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa un cambio en la ley de semillas para atraer inversiones tecnológicas al agro argentino.
El debate por una nueva ley de semillas y la eventual adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91 volvió a tomar impulso tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según indicó, el Gobierno busca reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas, habilitar nuevos esquemas de control —con mayor protagonismo privado— y generar condiciones para atraer inversión tecnológica al sector agropecuario.
Durante su participación en el programa «Economistas» de la TV Pública, junto al exCEO de Syngenta y exfuncionario Antonio Aracre, Sturzenegger explicitó el enfoque que el Gobierno llevará al Congreso. Aracre señaló que en la Argentina se siembran casi 20 millones de hectáreas de soja y entre 6 y 7 millones de trigo, y que gran parte de esa producción involucra investigación genética que no se remunera, a diferencia de lo que ocurre en Brasil o Estados Unidos.
Para graficar el impacto de esa brecha regulatoria, Sturzenegger citó el caso del algodón en Chaco, donde el rendimiento es de 600 kilos por hectárea, mientras que en una zona similar de Brasil alcanza los 1400 kilos. «Los nuestros son igual de buenos o mejores. Las condiciones geográficas son similares. El tema es que los brasileños usan una semilla desarrollada con investigación que permite mayor rendimiento», explicó. Según el ministro, la clave está en la ausencia de garantías para la propiedad intelectual, lo que desalienta la introducción de esas tecnologías.
El esquema propuesto por el Gobierno busca mantener la posibilidad de que los productores continúen usando sus prácticas actuales —incluido el uso propio de semillas— sin cambios obligatorios inmediatos. Al mismo tiempo, propone establecer un sistema que permita capturar valor cuando el productor decida adoptar genética superior. «Si alguien quiere usar una semilla que produce 1400 en lugar de 600, y le conviene, que haya un esquema de control para que esa propiedad intelectual se remunere», afirmó Sturzenegger.
Una de las novedades más sensibles del planteo oficial es la transferencia de la fiscalización al sector privado. «Vamos a transferir el control al sector privado. El sector público no tiene capacidad para auditar esto», sostuvo el ministro, sugiriendo un cambio de paradigma en el control del cumplimiento. Consultando sobre si este esquema requiere una nueva ley, Sturzenegger amplió: «Es totalmente factible sin cambio de ley, porque la realidad ya obliga la remuneración. Lo que pasaba antes es que el Estado no tenía cómo fiscalizar, y eso hoy cambió».
El trasfondo de esta discusión remite a un conflicto de larga data entre el Gobierno, las empresas desarrolladoras de biotecnología y los productores agropecuarios. Mientras el Gobierno busca alinearse a los estándares internacionales tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, una parte importante del sector productivo defiende el derecho al uso propio y advierte sobre el impacto en los costos. La Mesa de Enlace presentó una propuesta de proyecto de ley que busca equilibrar el reconocimiento de la propiedad intelectual con el uso propio, estableciendo que el productor pueda guardar semilla adquirida legalmente pagando una retribución por hasta tres multiplicaciones, con un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas.