La medida, sin antecedentes, dejó sin efecto las prórrogas de acreditaciones para 2025 tras una denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada por la Casa Militar contra dos periodistas de TN.
El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el ingreso de la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, una medida inédita que no registra antecedentes en la historia reciente. Como consecuencia, quedaron sin efecto las prórrogas de las acreditaciones para el año 2025 hasta que se aclaren los hechos.
Si bien no hubo una comunicación oficial que detalle los motivos, de manera informal circuló la versión de que la decisión se debió a una denuncia por «espionaje ilegal». En concreto, la Casa Militar, a través de su titular, Sebastián Ibáñez, presentó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y contra directivos y autoridades del canal Todo Noticias (TN).
Hoy, los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno se encontraron con el acceso bloqueado, lo que generó malestar entre la prensa y los medios de comunicación. La medida se da en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el periodismo, con mensajes del presidente Milei que han sido calificados como virulentos por parte de la oposición y organizaciones de prensa.
El jefe de la Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentó la denuncia ante la Justicia Federal a raíz de un informe emitido el pasado domingo 19 de abril en el programa «¿Y mañana qué?», de TN. Según la denuncia, el periodista Ignacio Salerno recorrió los pasillos y despachos de la Casa Rosada utilizando «lentes inteligentes» para realizar grabaciones subrepticias, sin autorización de los responsables de seguridad. El informe audiovisual habría expuesto la rutina del Presidente y el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo, incluyendo el registro de quiénes entran y salen de despachos de altos funcionarios.
El General Ibáñez calificó el hecho como un «delito contra la seguridad de la Nación» y solicitó que se investigue a los periodistas y a la producción del canal bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, que reprimen la revelación de secretos de Estado con penas de hasta seis años de prisión. Para el Gobierno, la labor periodística excedió los límites de la libertad de prensa y violó las normativas de acreditación (Resolución 1319/2025), constituyendo una intrusión ilegal que puso en riesgo la integridad física de los funcionarios y la seguridad del edificio histórico.
La decisión de la Casa Rosada generó reacciones inmediatas en la oposición. El diputado nacional Maximiliano Ferraro posteó en redes sociales: «Basta, muchachos. No hubo ningún espionaje ilegal. Restituyan de inmediato las credenciales y el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados». Varios bloques opositores están redactando pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que el oficialismo brinde mayores explicaciones sobre la medida.
El presidente Milei se refirió en los últimos días al periodista Carlos Pagni como «DELINCUENTE MALPARIDO» y a la conductora María Laura Santillán como «MARÍA PAUTA OPERADORA INMUNDA SANTILLÁN», en mensajes que fueron difundidos en sus redes sociales. Estas expresiones, sumadas a la suspensión de acreditaciones, intensificaron el debate sobre los límites entre la libertad de prensa y la seguridad institucional.