Se adjudicaron los primeros corredores viales y se preparan nuevas licitaciones para la gestión privada de miles de kilómetros de rutas a cambio del cobro de peaje.
El gobierno nacional avanza en el proceso de concesión de rutas nacionales al sector privado. Ya se entregó un corredor vial y en los próximos días se adjudicarán dos más, completando así una primera etapa que abarca miles de kilómetros. Las empresas privadas gestionarán estas rutas a cambio del cobro de peaje.
En los procesos licitatorios, los pliegos no incluyeron requisitos específicos sobre antecedentes de conducta o planes de apertura de números de la concesión para las empresas participantes. Se estableció, sin embargo, que los consorcios deben integrarse con al menos una empresa constructora con experiencia en obra pública vial.
Recientemente, se conocieron novedades en la Etapa II, que incluye dos corredores que suman 1800 kilómetros: el Tramo Sur (rutas 3, 205, un tramo de la 226 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas) y el Tramo Pampa (ruta 5 entre Luján y Santa Rosa, La Pampa). El gobierno evaluó las ofertas y definió cuáles continúan en carrera.
Entre las empresas precalificadas para el Tramo Pampa se encuentran varios consorcios. Según la información disponible, la mayoría de estas firmas tienen ejecutivos vinculados a causas judiciales relacionadas con la obra pública, mientras que una de ellas no está involucrada en estos procesos.
Una situación particular se dio con la empresa CPC, del empresario Cristóbal López, que fue calificada pese a tener antecedentes de rescisiones contractuales con Vialidad Nacional, incluyendo la pérdida de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Actualmente, esta empresa tiene a su cargo una obra en el corredor que está paralizada, con discusiones por pagos y calidad. Estos antecedentes no fueron considerados como impedimento para su calificación.
En el Tramo Sur, la lista de oferentes incluye consorcios similares, con la mayoría de las empresas también vinculadas a causas judiciales por corrupción en la obra pública. Solo un consorcio no está involucrado en estos procesos.
Desde el gobierno se había esperado la participación de empresas de otros rubros, como petroleras, mineras o agropecuarias, interesadas en mejorar un corredor específico para sus actividades. Sin embargo, la cláusula que exige la participación de una constructora con experiencia vial no generó atractivo para estas compañías. Este mismo requisito fue utilizado para descalificar a la oferente Aubasa, la compañía vial estatal de la provincia de Buenos Aires.