Un médico urólogo de 61 años fue arrestado en Medellín acusado de agresiones sexuales en su consultorio. La investigación judicial, que lleva más de un año, cuenta con múltiples testimonios.
Alberto Posada Peláez, un médico urólogo colombiano de 61 años, fue detenido por la Policía Metropolitana de Medellín en el estacionamiento de la Unidad Médica Las Vegas, cuando se disponía a ingresar a su consultorio privado. La aprehensión, ocurrida el pasado 15 de abril, fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
El profesional está acusado formalmente del delito de ‘acceso carnal con persona incapaz de resistir’. Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde un fiscal le imputó el cargo. Posada Peláez no aceptó los cargos, pero un juez penal de control de garantías le dictó prisión preventiva, argumentando que representa un peligro para la sociedad y un riesgo de fuga, por lo que fue enviado a un establecimiento carcelario.
La investigación contra el médico se inició hace más de un año. Según informes periodísticos, las autoridades judiciales han recabado al menos 23 testimonios sólidos que sustentan la acusación. No obstante, debido a numerosas denuncias publicadas en la web, los investigadores estiman que el número de presuntas víctimas podría ascender a al menos 50 mujeres.
Las pesquisas sugieren que el modus operandi del especialista consistiría en instrumentalizar su posición de confianza y su conocimiento médico para manipular historias clínicas, vinculando a las pacientes con patologías íntimas irreales para justificar tocamientos indebidos y actos de abuso durante las consultas.
Tras conocerse la noticia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, manifestó su solidaridad con las víctimas y destacó la valentía de quienes rompieron el silencio. Señaló que el médico ya registraba antecedentes por delitos sexuales y afirmó: ‘En Medellín no hay intocables: el que cometa un delito responde ante la justicia’.
Desde la Secretaría de las Mujeres de la ciudad se activó un canal de atención integral para las afectadas. Según los reportes, 32 mujeres están recibiendo asesoría psicojurídica especializada, de las cuales 20 ya cuentan con representación legal gratuita. La administración distrital también puso a disposición un equipo de nueve abogadas y habilitó una línea telefónica segura para recibir posibles nuevos reportes de víctimas.