Un fallo judicial trasladó la disputa legal sobre la nueva ley laboral del fuero del Trabajo al Contencioso Administrativo Federal, en una decisión que modifica el escenario procesal del conflicto entre el Gobierno y la CGT.
La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrentó un revés judicial en su intento por invalidar la reforma laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, resolvió que su fuero es el único competente para intervenir en la causa. Con esta decisión, aceptó la petición de inhibitoria presentada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y quitó el expediente al fuero del Trabajo, donde la central obrera había obtenido medidas cautelares favorables.
El fallo se produjo luego de que el juez nacional del Trabajo, Raúl Horacio Ojeda, suspendiera de forma provisoria 82 artículos de la Ley 27.802. Para revertir esa situación, el Gobierno se apoyó en el artículo 79 de la propia Ley de Modernización Laboral, que establece la competencia exclusiva de la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires para causas donde el Estado sea parte, prohibiendo expresamente la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo.
En su resolución, Marra Giméñez señaló que el juzgado de Ojeda no es un tribunal federal, por lo que la inhibitoria resultó «procedente». La magistrada explicó que el Estado Nacional «cuenta con la prerrogativa del fuero federal establecida por el artículo 116 de la Constitución Nacional». De esta manera, el trámite judicial salió de la órbita de jueces especializados en derecho laboral para pasar a un fuero que analiza la relación administrativa y los actos del Poder Ejecutivo.
La CGT, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, insistió en que la reforma es inconstitucional desde su sanción en marzo. La central sindical buscó frenar cambios estructurales que afectan las indemnizaciones y los derechos de huelga, logrando una cautelar que ahora queda bajo una fuerte incertidumbre procesal.
Para el Gobierno, este traslado de competencia es vital para defender una ley que cosechó amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. El conflicto ahora entró en una etapa de definiciones técnicas sobre la validez de lo actuado hasta el momento. Mientras el Gobierno celebró el movimiento como una forma de evitar lo que calificó de «corporativismo judicial», los sindicatos denunciaron que se busca blindar una ley que, a su criterio, vulnera conquistas históricas.
Tal como se anticipó durante el debate legislativo, el destino final de la reforma laboral no se decidirá en estas instancias inferiores, sino que quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. La CGT define su estrategia judicial y evalúa una marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador.
Con el cambio de fuero, los artículos que el Gobierno buscó reactivar incluyen el nuevo cálculo de indemnizaciones, que permite excluir el aguinaldo de la liquidación por despido. También se puso en juego la implementación del Fondo de Cese Laboral (FAL), el sistema que reemplazó la indemnización tradicional por un fondo mensual de capitalización. Otro foco de tensión es la limitación del derecho de huelga mediante la extensión de los «servicios mínimos». La ley definió actividades de «importancia trascendental» que deben garantizar guardias operativas.
Además, el texto derogó la ley de teletrabajo y creó un «banco de horas» individual, medidas que las organizaciones sociales y sindicales calificaron como un retroceso. Finalmente, el nuevo marco legal extendió los períodos de prueba en los contratos, una medida que el Ejecutivo defendió como un incentivo para la contratación. La CGT advirtió que estas modificaciones rompieron el principio de protección del trabajador. La batalla jurídica promete ser extensa.