Un análisis de los indicadores económicos previos al conflicto bélico muestra un escenario de alta inflación, recesión industrial y desequilibrios fiscales.
La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 en un contexto de compleja situación económica para Argentina. Según datos del Banco Central y registros de la época, el país enfrentaba altos niveles de inflación, déficit fiscal y una marcada caída de la actividad industrial.
En los días previos al conflicto, se estimaba un déficit fiscal significativo y la inflación anual al consumidor ya superaba el 200%. Durante 1982, los precios al consumidor registrarían un aumento del 256,2%, mientras que los precios mayoristas se dispararían un 311,3%.
El sector industrial evidenciaba una fuerte contracción. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (AIMRA), durante 1981 se registraron caídas pronunciadas en despachos de maquinaria vial y agrícola, motores y ventas de bienes durables. La industria manufacturera en su conjunto había caído un 16% en 1981 y retrocedería otro 4,8% en 1982.
Este deterioro económico impactaba en el poder adquisitivo. Aunque el salario nominal industrial aumentó entre 1981 y 1982, el salario real cayó, reflejando una pérdida de capacidad de compra frente al avance de los precios.
La historiadora Catalina Cabaña analizó la relación entre la economía y la decisión política de aquel momento. «La economía era como siempre una variable, pero no era lo que estaba complicando más al gobierno. No es que toman la decisión de la guerra por una cuestión económica», explicó. Cabaña remarcó el clima social de los días previos, marcado por movilizaciones sindicales y deterioro del empleo industrial.
Por su parte, el historiador Sergio Wischñevsky vinculó el deterioro económico con una creciente conflictividad social. «Había una lluvia de importaciones que derivó en el cierre masivo de industrias y una enorme desocupación», afirmó, y agregó que «la dictadura ya no logró tener un plan económico que le diera estabilidad y la inflación se había disparado».
En ese marco, la movilización convocada por la CGT el 30 de marzo de 1982 es señalada por los analistas como un punto de quiebre en la relación entre el gobierno militar y la sociedad, evidenciando un fuerte rechazo social.