El abogado constitucionalista, Juan Sola Paralarzol, analizó para Canal E la evolución del caso YPF en la justicia de Estados Unidos, tras la decisión de la jueza Loretta Preska de exigir chats y comunicaciones privadas de funcionarios argentinos e investigar la ruta del oro del Banco Central.
“El comportamiento de la jueza Preska es sorprendente. Ella actúa como si este fuera un caso que ocurre en el territorio norteamericano o de Estados Unidos”, expresó Juan Sola. Luego, criticó que la jueza Loretta Preska ignore que YPF, si bien tiene mayoría estatal, “tiene una estructura legal”, y que la sentencia “está basada en la vigencia del estatuto de la empresa, pasando por encima las normas en materia de expropiación en la Argentina”.
Controversia por el accionar de la jueza Lorettta Preska
También advirtió sobre una contradicción en los fundamentos jurídicos: “Normas similares o aún más restrictas hay en los Estados Unidos. Es decir, eso la jueza lo ignora y, de alguna manera, actúa como si esta fuera una empresa norteamericana”.
Sobre el intento de embargo de activos argentinos, como las reservas en oro del Banco Central, Sola subrayó: “La ruta del dinero del gobierno federal tiene ciertas protecciones”. Asimismo, recordó el caso de la Fragata Libertad: “El Tribunal Internacional de Derecho al Mar, con una medida muy interesante de la Argentina, ordenó la liberación”. Y añadió: “Hablar del oro, de la ruta del oro, es muy complejo porque son bienes del gobierno argentino como garantía de la moneda que están con un régimen especial”.
Argentina no oculta sus bienes
Según desarrolló, los activos como el oro “están en Estados Unidos o en otros lugares que son mantenidos secretos por razones obvias, por razones de seguridad, pero también por razones de garantía, para indicar que la Argentina, con buena fe, no oculta sus bienes”.
En cuanto a la esencia del caso, el abogado remarcó: “Lo que está intentando es demostrar que las decisiones de la empresa son en realidad decisiones del Estado, como si la empresa fuera un organismo público argentino, que obviamente no es”. Sobre la misma línea, insistió: “La expropiación es un acto soberano de la Argentina”.