Por Daniel Salazar, Director Ejecutivo de ADEAA Asociación de Aseguradores Argentinos
Es difícil calcular el costo que le genera a la economía argentina la existencia de una justicia que es claramente ineficaz. Esta ineficacia tiene dos causas. La primera y central, los incentivos perniciosos que tienen los implicados en un proceso judicial. La segunda, la sorda batalla existente entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las diversas Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional, reflejada en los fallos “Levinas” y “Haras El Moro”. Es imprescindible atacar ambas causas con urgencia.
Los incentivos a litigar y a prolongar los procesos genera que todos los juzgados de asuntos patrimoniales se encuentren desbordados de causas. Ello no hace más que rebajar la calidad del servicio de justicia. Por eso es vital, para la sociedad toda y para los Poderes Judiciales, revertir los incentivos pro litigación.
Desde hace años que en la Argentina no existe mejor inversión que un juicio. La actualización de las indemnizaciones producto de accidentes de trabajo, responsabilidad civil o relaciones de consumo, se repotencian de manera tal que se vuelven impagables para el deudor, o su garante, e implican enriquecimientos inusitados para los actores, a quienes, además, beneficia la demora judicial.
Es imposible imaginar la existencia de una inversión realizada hace cinco años, -los procesos tienen en promedio esa duración-, que equipare una actualización por RIPTE más tasa bancaria activa o pasiva, o que se asemeje a una actualización informal, y no tabulada, propia de las sentencias civiles y comerciales, con más tasas bancarias activas o pasivas. Los efectos indexatorios de estos sistemas de actualización aplicados por los tribunales de todo el país sólo son comparables con los efectos que produjo la infausta circular 1050 de los años 80.
Por ello, como en la generalidad de los casos las sentencias judiciales llevan ínsita inflación pasada, es imprescindible que los jueces de los fueros laborales, civiles y comerciales ajusten sus sentencias a principios económicos y financieros adecuados. De lo contrario, las mismas no solo serán injustas e inequitativas, sino que llevarán al colapso el sistema productivo nacional.
Otro incentivo nefasto es el sistema de costas, donde los peritos se tornan comisionistas de los juicios. A mayor condena, mayor será su participación en el resultado. No hay incentivo para que un perito sea objetivo al momento de dictaminar.
En cuanto al innegable conflicto entre las Cámaras de Apelaciones Nacionales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es imperativo darle un fin, con la lógica preminencia de los lineamientos de nuestro Más Alto Tribunal. No hacerlo implica mantener a los justiciables, personas físicas o empresas, en un estado de incertidumbre indebido e inconveniente, además de generar mayores dilaciones en los procesos judiciales.
No existe inversor nacional o extranjero que vaya a arriesgar su capital en actividades productivas si no se superan los obstáculos mencionados.