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Nueva resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense exige declaración jurada mensual de liquidaciones salariales

La Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires establece que, a partir de enero de 2027, los empleadores alcanzados deberán informar mensualmente sus liquidaciones salariales, adjuntar recibos de haberes y comprobantes bancarios, y firmar digitalmente una declaración jurada en el marco del trámite denominado F.U.T.U.R.O.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la Resolución 260/2026, que obliga a los empleadores alcanzados a presentar mensualmente una declaración jurada con información sobre liquidaciones salariales, recibos de haberes y comprobantes de acreditación bancaria del personal comprendido. La medida comenzará a regir en enero de 2027 y el trámite se denomina F.U.T.U.R.O., según lo anunciado por el organismo.

La resolución establece que los empleadores deberán reunir archivos del contador y del banco, cotejar nóminas, conciliar pagos complementarios, armar un PDF por cada tipo de respaldo, obtener la firma digital y guardar la constancia. El trámite se anuncia como gratuito a través del portal del Ministerio.

El texto de la resolución indica que la carga administrativa recae sobre las empresas, incluidas pymes que tercerizan la liquidación de sueldos y establecimientos agropecuarios con personal temporario. Según el análisis difundido, el costo se traslada a las facturas de los estudios contables y a horas del personal propio.

El autor de la nota, especialista en temas legales del agro, sostiene que la medida funciona como un impuesto burocrático sobre el empleo registrado y que la decisión es inoportuna en un contexto de reducción de cargas. Asimismo, señala que ARCA ya recibe la registración de los trabajadores y las declaraciones de la seguridad social, y que para los empleadores comprendidos en el Libro de Sueldos Digital también recibe el detalle de las liquidaciones por trabajador.

El artículo plantea que, si el Ministerio bonaerense necesita acceder a esos datos, corresponde que gestione acuerdos y mecanismos de intercambio que la ley permita, en lugar de trasladar el costo a cada empleador. También cuestiona la exigencia generalizada del comprobante bancario y la falta de justificación sobre la insuficiencia de controles dirigidos.

En cuanto a la legalidad, el texto menciona que la Ley provincial 10.149 faculta a la autoridad laboral a requerir información y exigir exhibición de documentación, pero que convertir esa facultad en un deber general, permanente y sancionable exige identificar la habilitación legal y justificar la proporcionalidad de la carga. Añade que la Ley de Modernización Laboral, al reformar el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableció la suficiencia de la registración ante ARCA.

Finalmente, el autor propone que la Provincia suspenda la entrada en vigor de la obligación, mida el costo para el campo, la industria y el comercio, y demuestre qué incumplimientos detectaría que hoy se le escapan. También sugiere avanzar en el intercambio de datos disponibles y concentrar los pedidos de documentación en los casos que lo justifiquen.

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