Según un informe del Copec, entre marzo y agosto de 2026 ingresaron 3.690 casos y se aprehendieron 4.448 personas. El 55,9% de las salidas fueron tempranas y el tiempo medio de resolución fue de 30 días corridos.
A seis meses de la puesta en marcha del Sistema Integral de Flagrancia (SIF) en la ciudad de Córdoba, el Consejo para la Planificación Estratégica (Copec) presentó un informe de evaluación sobre el funcionamiento del modelo implementado de forma articulada entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Tribunal Superior de Justicia. Entre marzo y agosto de 2026, el esquema procesal resolvió el 89,7% de las causas ingresadas.
En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que ese porcentaje implica una mejora cuantitativa de las respuestas del sistema al delito en flagrancia. Se registraron 3.377 resoluciones de diferentes tipos, 814 más que en el mismo período de 2025. El plan se suma al de Gestión Territorial, vigente desde hace dos años, por el cual cada fiscal de Instrucción es responsable 24/7 de una porción de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Copec, en el primer semestre del SIF ingresaron 3.690 casos y 4.448 personas fueron aprehendidas mientras cometían algún delito. La cifra representa un promedio diario de 20 expedientes y más de 24 detenidos in fraganti. Sobre ese total, se alcanzaron 3.309 resoluciones definitivas o “salidas de calidad” (sentencias, acuerdos restaurativos o elevaciones a juicio) en un plazo medio de 30 días corridos. El informe no reporta fallas en el sistema, que recibió ajustes antes y después de su implementación.
Celeridad
Uno de los ejes centrales que explican el rendimiento del SIF es la inmediatez en la asignación de la defensa técnica desde el primer día de la aprehensión del imputado y la realización constante de audiencias tempranas de corta duración. En los primeros seis meses de aplicación se llevaron a cabo 708 audiencias en los Juzgados de Control, con un promedio de 3,7 por día.
El informe precisa que el 73% de estas audiencias duró menos de 30 minutos y el 27% restante entre 30 y 60 minutos, sin que ninguna haya superado la hora de duración. Asimismo, el volumen total de respuestas procesales registró un incremento del 31,8% en comparación con el mismo período de 2025. Se considera respuesta procesal al abanico de posibilidades de resolución de casos, desde su archivo hasta la aplicación de condenas o salidas alternativas, como reparación de los delincuentes a las víctimas.
En cuanto a la distribución geográfica y territorial, el SIF opera de forma unificada con el Plan de Gestión Territorial en 27 distritos compartidos, conectando operativamente a las fiscalías territoriales, las unidades judiciales y el sistema de flagrancia. Además, el esquema extendió la capacidad de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF) hacia nueve localidades del Gran Córdoba —Villa Allende, La Calera, Río Ceballos, Malvinas Argentinas y Montecristo—, sumando 605 casos anuales que anteriormente quedaban al margen del circuito centralizado.
Funciona un circuito especializado para Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) con sede en el Polo Judicial. Esta unidad absorbió el 52,4% de los ingresos totales de menores dentro del sistema, receptando a 735 adolescentes durante sus primeros seis meses de funcionamiento para aplicar un tratamiento diferenciado y coordinado con el Fuero Penal Juvenil.
Menos juicios, más resoluciones alternativas
El reporte del Copec resaltó una “inversión de la lógica procesal”. Mientras que en 2025 el 59,6% de los casos derivó en citaciones a juicio, en 2026 el 55,9% se resolvió mediante salidas tempranas y de calidad, tales como juicios abreviados iniciales, donde los acusados confiesan los hechos imputados y acuerdan con la Fiscalía una pena atenuada que es homologada por un juez. También hubo sobreseimientos, archivos y probation o suspensión de proceso a prueba, que pasaron de cuatro casos a 191, mientras que las solicitudes de juicio abreviado inicial aumentaron un 73,8%.
Entre los casos incluidos en la evaluación se mencionaron acuerdos alcanzados en plazos de entre 13 y 30 días que contemplaron reparaciones económicas, reposición de bienes dañados y realización de trabajos comunitarios.
Esta dinámica apoyada en organismos como la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA) y la Oficina de Clasificación de Casos liberó del turno permanente a 22 fiscalías territoriales para que se enfoquen en investigaciones complejas de sus distritos y evitó la sobrecarga en las Cámaras del Crimen. El reflejo de esta firmeza procesal fue la escasa tasa de apelaciones: únicamente siete expedientes llegaron apelados a la Cámara de Acusación y solo se presentaron cuatro recursos de casación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
La mayor cantidad de casos se produjeron por ataques a la propiedad privada. Robos simples y hurtos simples encabezan el ranking de hechos detectados en flagrancia. Le siguen desobediencia a la autoridad, amenazas, violación de domicilio, robo calificado, encubrimiento y daño, entre otros. El promedio de personas aprehendidas se mantiene entre 700 y 800 mensuales.
Números
- Entre marzo y agosto de 2026 ingresaron 3.690 casos y 4.448 personas aprehendidas. Esto significa un promedio diario de 20,2 casos y más de 24 detenidos.
- Se finalizó el 89,7% de las causas ingresadas (3.309 casos resueltos), alcanzando el punto de equilibrio operativo desde su segundo mes de funcionamiento.
- El tiempo medio para alcanzar una sentencia, acuerdo restaurativo o elevación a juicio fue de 30 días corridos.
- Se realizaron 708 audiencias tempranas ante los Juzgados de Control. El 73% duró menos de 30 minutos, ninguna superó la hora de duración.
- El total de respuestas procesales creció un 31,8% con respecto al mismo período de 2025 (de 2.563 a 3.377 resoluciones).
- En 2025, el 59,6% de las salidas derivó en requerimientos de citaciones a juicio; en 2026, el 55,9% se resolvió mediante salidas tempranas, como juicios abreviados iniciales, probation, sobreseimientos y archivos.
