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Legisladoras de Unión por la Patria llevaron el caso Cristina Kirchner a foros internacionales

Legisladoras nacionales de Unión por la Patria expusieron la situación de la expresidenta Cristina Kirchner en reuniones vinculadas con la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y la Unión Interparlamentaria, donde denunciaron una supuesta persecución política y reclamaron por los derechos de la condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Legisladoras nacionales de Unión por la Patria llevaron la situación de la expresidenta Cristina Kirchner a encuentros internacionales vinculados con la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y la Unión Interparlamentaria, según informaron. En esos ámbitos, las legisladoras denunciaron una supuesta persecución política y reclamaron por los derechos de quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado fue dictada en el marco de un proceso judicial, revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema, de acuerdo con el recorrido del expediente.

Las legisladoras que participaron de los encuentros internacionales sostuvieron que la expresidenta es víctima de una persecución judicial. El texto original de la noticia señala que afirmar ante un auditorio internacional que una persona ha sido víctima de persecución judicial implica atribuir a magistrados y tribunales la utilización deliberada de sus facultades constitucionales para alcanzar objetivos políticos, y que se trata de una acusación grave que requiere pruebas igualmente graves.

El traslado de la controversia a foros internacionales se produce mientras la defensa de la expresidenta procura obtener un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según consigna la información original.

El texto periodístico advierte que los foros internacionales pueden ser ámbitos legítimos para denunciar violaciones de derechos fundamentales, pero que su existencia no convierte en verdadera cualquier denuncia que allí se formule. Agrega que el traslado de una controversia a un escenario internacional puede multiplicar su difusión, pero no modifica su naturaleza.

Asimismo, plantea que no sería justo exigir a los legisladores que defiendan en el exterior todas las decisiones de la justicia nacional, pero que sí cabe esperar que, cuando atribuyen a las instituciones de su país conductas tan graves como la persecución política, puedan ofrecer algo más que consignas partidarias.

El artículo original concluye que una sentencia puede ser criticada, discutida e incluso sometida a revisión por los mecanismos jurídicos pertinentes, pero que no puede suponerse que pierde legitimidad simplemente porque sus consecuencias resultan incómodas para quienes admiran a la persona condenada. Y añade: «Se pueden exportar discursos, denuncias y consignas. Lo que no se puede exportar es una condena con la esperanza de que, al cruzar la frontera, se convierta por arte de magia en una absolución».

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