El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán incluyó a las dos fuerzas militares argentinas en su listado de organizaciones terroristas, en respuesta a la designación de la Guardia Revolucionaria por parte del Gobierno argentino. La senadora Patricia Bullrich cuestionó la medida y defendió la postura oficial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció la inclusión de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina en su listado de organizaciones terroristas. La decisión fue adoptada por el régimen encabezado por el ayatollah Mojtaba Khamenei, que justificó la medida mediante el denominado “principio de reciprocidad”.
El gobierno iraní sostuvo que la resolución constituye una respuesta a las decisiones tomadas previamente por la administración de Javier Milei contra distintas estructuras militares de Teherán. En un comunicado oficial, la Cancillería iraní calificó la designación argentina de la Guardia Revolucionaria como una “medida hostil” y fundamentó su reacción en una legislación aprobada en 2019.
“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, las autoridades iraníes advirtieron que la Argentina deberá afrontar las consecuencias de su decisión. “El gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, indicaron. Sin embargo, el comunicado no precisó qué medidas concretas podría adoptar Teherán contra las fuerzas militares argentinas.
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió a la decisión a través de su cuenta de X. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, expresó la jefa del bloque oficialista en el Senado.
La dirigente también acusó al gobierno iraní de cometer violaciones a los derechos humanos y recordó los atentados perpetrados en territorio argentino durante la década de 1990. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, agregó.
Las cifras mencionadas por Bullrich formaron parte de sus acusaciones contra Irán y no fueron acompañadas, en el mensaje citado, por documentación que permitiera corroborarlas de manera independiente.
El conflicto diplomático tiene como antecedente la decisión del gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria de Irán al listado argentino de organizaciones terroristas. La medida fue anunciada en marzo de 2026, durante la guerra en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero, y habilitó la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización.
La Guardia Revolucionaria constituye una de las principales estructuras militares y políticas de la República Islámica y cumple un papel central en la defensa del régimen iraní. El Gobierno argentino fundamentó su decisión en los vínculos que atribuye a esa fuerza con Hezbollah, la organización chiita libanesa señalada por la Justicia argentina por su participación en los atentados ocurridos en Buenos Aires.
La administración libertaria ya había adoptado una medida similar en enero de 2026, cuando declaró organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de operaciones exteriores perteneciente a la Guardia Revolucionaria. Ambas decisiones profundizaron el enfrentamiento diplomático entre Buenos Aires y Teherán, en un contexto de creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente.
La relación entre la Argentina e Irán permanece atravesada por las investigaciones judiciales sobre los dos atentados terroristas cometidos en Buenos Aires durante la década de 1990. El primero ocurrió el 17 de marzo de 1992, cuando una explosión destruyó la sede de la Embajada de Israel y provocó 29 muertos, además de numerosos heridos. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó 85 víctimas fatales y cientos de personas heridas.
La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por el atentado a la AMIA a integrantes de Hezbollah y a funcionarios iraníes, acusaciones que Teherán rechazó. En ese contexto, Bullrich utilizó ambos ataques como parte de sus cuestionamientos al gobierno iraní y defendió la política exterior de la administración de Milei. La decisión de declarar terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas representa un nuevo episodio de tensión entre ambos países.
La medida anunciada por Teherán se ampara en una legislación aprobada en 2019, que permite al Estado iraní responder contra gobiernos extranjeros que incluyan a sus fuerzas militares en listados de organizaciones terroristas. La normativa establece mecanismos de reciprocidad frente a decisiones de otros países que las autoridades iraníes consideran hostiles. La Argentina no fue el único Estado alcanzado por este tipo de resoluciones.
A comienzos de noviembre de 2026, Irán también adoptó medidas contra instituciones militares y de inteligencia del Reino Unido. En aquella oportunidad, Teherán designó al MI6, el servicio británico de inteligencia exterior, como grupo hostil, mientras que incluyó a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas en su listado de organizaciones terroristas. Estas decisiones formaron parte de la respuesta iraní a las sanciones y designaciones adoptadas por gobiernos occidentales.
En el caso argentino, la resolución abrió un nuevo frente de confrontación diplomática mientras continúa el conflicto regional y se mantienen las diferencias entre Irán y Estados Unidos. Por el momento, Teherán no detalló las consecuencias prácticas de su decisión contra las fuerzas argentinas, mientras que Patricia Bullrich ratificó públicamente su respaldo a la postura del Gobierno nacional.