La Justicia reconstruyó una serie de comunicaciones previas al allanamiento del 1 de diciembre en Sur Finanzas, en las que se habría ordenado borrar cámaras y desconectar programas. El juez Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva a Ariel Vallejo, quien negó haber dado esas instrucciones.
La Justicia reconstruyó una secuencia de mensajes enviados durante la madrugada del 1 de diciembre, horas antes del allanamiento en la financiera Sur Finanzas, vinculada al financista Ariel Vallejo. Según el escrito del juez Tomás Rodríguez Ponte, esos mensajes contendrían órdenes para eliminar registros y desconectar sistemas informáticos.
El magistrado procesó con prisión preventiva a Vallejo y consideró que las órdenes de «borrar» y «desconectar» forman parte de un «protocolo» que incluyó la eliminación de registros, el retiro de efectivo de las sucursales, el ocultamiento de vehículos y el traslado de computadoras en torno a los allanamientos.
Fuentes cercanas al financista negaron que Vallejo haya impartido esas instrucciones, según declaraciones a LA NACION.
La secuencia descrita por el juez comenzó el 28 de noviembre, tres días después de una denuncia de ARCA contra Vallejo por presunto lavado de activos. Ese día, Micaela Sánchez, identificada como quien guardaba llaves de cajas fuertes y equipos informáticos, preguntó a una empleada si había «algo raro». La empleada respondió: «Por el momento tranquilo, estamos operando solo blanco». Y agregó: «ya arqueamos todo, tenemos guardado todo por las dudas; solo lo blanco está afuera».
El grupo Sur Finanzas ofrecía compra y venta de dólares, préstamos y una billetera virtual. La hipótesis judicial señala que una de las casas de cambio bajo control de Vallejo, Centro de Inversiones Concordia, vendió dólares «a terceros no habilitados o al mercado paralelo». La Justicia remarcó una supuesta inconsistencia: en las cuentas de esa empresa «se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 en 2022», cifra que «no se correspondía con las ventas declaradas para ese año ($2.440.801.851)».
En declaraciones judiciales incluidas en el acta de procesamiento, Vallejo mencionó que las casas de cambio bajo su control, durante la época de cepo, operaron US$108,1 millones y que tuvo una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar. La estructura de la billetera virtual, denominada Sur Finanzas PSP, es el centro de la denuncia por presunto lavado de activos. El juez mencionó un «ejército de soldaditos», en referencia a personas sin capacidad económica que habrían inyectado fondos con apariencia lícita aunque de origen ilícito. Para el magistrado, la supuesta venta de dólares en el mercado paralelo puede ser el delito precedente del lavado.
La defensa del financista sostendrá que la evasión no puede calificar como antecedente del lavado. Vallejo había negado tener un «ejército de soldaditos» que participaran del circuito de lavado.
En las horas previas a los allanamientos, la Justicia secuestró dos chats que aluden a presuntos movimientos de borrado. La secuencia inició a la madrugada y continuó entrada la mañana del 1 de diciembre con supuestos «puchitos», en aparente referencia a pequeños montos de dinero dejados como fachada.
En una conversación por Telegram de las 1:33, la secretaria personal de Vallejo, Daniela Sánchez, escribió a Micaela Sánchez: «mañana que levanten temprano las ganancias». A las 2:57 envió: «mañana Agustín va a ir temprano, decile que borre todas las cámaras».
El «protocolo» aludido por el juez también incluyó otras maniobras no digitales en las sucursales. La secretaria señaló: «levanté Adrogué Chico, dejé solo puchito, ya está guardado», y su interlocutora respondió: «levanté Banfield, dejé puchito también».
En descargos presentados ante la Justicia, ambas negaron las acusaciones. Sánchez argumentó que su función era ajena a operaciones financieras y solo se ocupaba de la agenda de Vallejo. La otra Sánchez afirmó que se desempeñaba como cajera, que no tenía personal a cargo y carecía de medios para incidir en las decisiones de Sur Finanzas.
Esa misma madrugada, a las 2:07, Susana Hoffman, quien asesoraba a Sur Finanzas en normativa del BCRA, envió al encargado de sistemas: «necesitamos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas». Hoffman explicó en su descargo que había comenzado a trabajar con el equipo de sistemas el 27 de noviembre y que el chat se refería a un pedido para borrar programas no permitidos como Instagram, WhatsApp, Facebook y aplicaciones personales de bancos o billeteras virtuales. El juez consideró que ella «no da cuenta de por qué esa tarea debía ejecutarse a las 02:07 horas del mismo día de los procedimientos».
El 2 de diciembre, el juez rescató más mensajes vinculados a los autos del grupo. A las 10:09, Juan Ramón Cervín, señalado como uno de los portavalores encargados del traslado y depósito del efectivo, escribió a su pareja: «ahora estamos yendo a lo de Rolo a esconder las tres camionetas». En su descargo, Cervín argumentó que no tenía acceso a la causa ni motivos para sospechar que estacionar los vehículos en un lugar determinado pudiera constituir una maniobra de obstrucción.
La secuencia continuó hasta el 3 de diciembre. Nahiara Gamarra, descripta como secretaria personal de Vallejo, pidió al encargado de sistemas que se conectara a su computadora y «la limpie bien»; ante la pregunta «¿puedo borrar todo?», respondió «borrá todo sí». En su descargo, Gamarra dijo que no tenía vinculación con operaciones financieras y negó todas las acusaciones. El juez indicó que no se manifestó sobre el mensaje citado.
Tras dictar los procesamientos, Rodríguez Ponte otorgó la prisión domiciliaria a Vallejo y delineó que la investigación sobre los fondos movilizados a través de Sur Finanzas tiene distintas hipótesis sobre las que avanzar. En relación con su conexión con el fútbol, mencionó que aguarda un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) sobre la contabilidad que vincula a su empresa con clubes a los que sponsoreó o prestó dinero.