El máximo tribunal rechazó una solicitud del gobierno federal para separar 20.000 boletas por correo de personas cuya ciudadanía está en duda, en la víspera de las elecciones de mitad de mandato.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes un intento del gobierno del presidente Donald Trump de que California separara miles de boletas por correo de personas que, según la administración, no son ciudadanos. La decisión se produjo en la víspera del último día de votación en las elecciones de mitad de mandato.
El máximo tribunal se negó a intervenir en un caso que involucra a 20.000 personas que el gobierno federal sostiene que probablemente no son ciudadanas y que figuran en los padrones electorales del estado. Ningún juez expresó públicamente su disenso.
El gobierno había solicitado a la Corte Suprema que apartara las boletas impugnadas hasta que se verificara la ciudadanía de los votantes. Funcionarios de California afirmaron que la lista parecía contener errores y que separar las boletas podría privar del derecho al voto a electores legales.
El máximo tribunal no detalló su razonamiento, como es habitual en decisiones de emergencia. Previamente, en septiembre, los jueces ya habían rechazado un intento del presidente de restringir las boletas por correo en todo el país.
El gobierno federal ha priorizado este año la identificación de personas que votaron sin ser ciudadanos estadounidenses, aunque los casos son poco frecuentes. Un juez de distrito denegó la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que la exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos.
El mismo lunes, otro juez federal falló en contra de los intentos del gobierno de hacer cambios de último momento en las elecciones de California, tras determinar que violaban la Constitución. «El poder ejecutivo probablemente ha violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que confiere la autoridad sobre las reglas electorales únicamente a los estados y al Congreso», escribió el juez presidente James Boasberg.
El gobierno sostuvo que separar las boletas era una solicitud modesta que a la larga permitiría que los votos legales se contaran. El Departamento de Justicia ha admitido que la lista no es del todo confiable. Durante una audiencia, la jueza de distrito Trina Thompson preguntó a un abogado del Departamento de Justicia si estaba de acuerdo en que había una alta tasa de errores; el abogado respondió: «Es una afirmación razonable. Por eso pedimos la colaboración de los responsables del registro para verificar que todos ellos sean votantes válidos».
Bill Essayli, fiscal federal que dirige la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, indicó en una conferencia de prensa que tenía certeza de que las personas en la lista no tenían derecho a votar. «Esto no es especulación. Esto no es una teoría», afirmó, aunque luego reconoció que podría haber errores en la lista.
La votación en California comenzó a principios de octubre. Los aproximadamente 23 millones de votantes registrados reciben una boleta por correo y cientos de miles ya han sido procesadas. Funcionarios electorales estatales han dicho que encontrar y apartar ahora las boletas impugnadas sería logísticamente imposible.
El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que la apelación «es pura desesperación y no es más que otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho».
Tribunales inferiores han fallado a favor de California. El juez federal de distrito David O. Carter escribió que separar las boletas «causaría estragos» en las elecciones y erosionaría la confianza en el proceso democrático. «Si el poder ejecutivo puede desestimar votos y amenazar unos comicios en curso con base en acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», agregó.
Un panel de un tribunal de apelaciones confirmó su orden por 2 votos frente a uno. Un juez nombrado por Trump y otro nombrado por el presidente demócrata Joe Biden votaron a favor. El tercer juez, también nombrado por Trump, sostuvo en un disenso que la negativa de California a separar las boletas alienta la «violación de la ley federal».
El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el caso, al pedirle sin éxito a un tribunal de apelaciones que interviniera de manera anticipada.