La Cámara de Diputados realizará mañana una sesión especial con un temario que incluye proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada, discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
La Cámara de Diputados celebrará una sesión especial mañana con un temario que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Ley de Tierras
El proyecto llega con media sanción del Senado, donde se eliminaron los capítulos vinculados a la Ley de Manejo del Fuego y a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En Diputados, el oficialismo busca restituir la Ley de Tierras, que establece límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y un tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión aprobada por el Senado modifica la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y reforma la ley de Desalojos para acortar los tiempos judiciales en casos de usurpación o tenencia irregular. El dictamen de mayoría establece un tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está acreditado; el proyecto original no fijaba porcentaje. Desde la oposición se sostiene que indexar el derecho público y el bien común al cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la función social de la propiedad.
En desalojos por usurpación, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble e intimar su devolución dentro de las 72 horas si lo solicita el propietario con prueba documental. En desalojos por mora, luego de la intimación al pago, los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador inicie la acción de desalojo. Un protocolo de vulnerabilidad asegura un plazo máximo de 10 días para una alternativa habitacional transitoria con intervención del Ministerio Público Tutelar cuando haya menores, discapacitados o adultos mayores desamparados.
El proyecto también modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que familias con posesión pacífica demostrable durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura de vivienda única. Se reconoce la "ocupación temporánea anormal" por 90 días, prorrogable por única vez en circunstancias graves verificables de necesidad pública.
Ley de Discapacidad
El proyecto de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" toma el esquema de beneficios de la ley 27.793 pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en norma de orden público con efectos permanentes. Para La Libertad Avanza, cristaliza una versión "superadora" de la ley de emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca busca prorrogar por un año más hasta el 31 de diciembre de 2027.
Se mantiene la compatibilidad entre la pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y el empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. También se mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan pensión por discapacidad. Se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del ejercicio anterior. Se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, y una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de compensaciones atrasadas a prestadores, con plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
La oposición sostiene que la prórroga de la emergencia genera mayores condiciones de exigibilidad a los jueces para resolver las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a prestadores. Además, argumenta que el proyecto oficialista mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, endurece los requisitos, delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso por simple cruce de datos. Según advierten, tampoco garantiza el financiamiento ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.
Endeudamiento familiar
El dictamen de mayoría, del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, se denomina "Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores". Hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos. Sus ejes incluyen transparencia y acceso a la información de créditos al consumo, precancelación de deudas, trazabilidad de obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo en entidades bancarias y plataformas.
El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos). Fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos. La adhesión se tramita ante el propio acreedor y, si este no admite la gestión, interviene el Banco Central. El proyecto limita la tasa de interés vinculada al Costo Financiero Total, garantiza a los acreedores una ganancia moderada (plus sobre la tasa de refondeo mayorista TAMAR), condona el 100% de los intereses punitorios respetando el capital y pone límites a los intereses compensatorios. Incluye capítulos de portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo
Se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo. La iniciativa, autora principal Silvana Giudici (La Libertad Avanza), responde a la crisis sanitaria iniciada en abril de 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas. La Cámara de Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos. El debate comenzó el 8 de septiembre del año pasado y el dictamen incluyó aspectos de proyectos de Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).
La iniciativa establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de fármacos inyectables parenterales y sus materias primas. Busca "establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública". Exige un registro digital en cada etapa (importación, producción y distribución) hasta la administración efectiva del medicamento, vinculada al identificador clínico del paciente. Crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud que se activa ante sospechas de contaminación o eventos adversos y obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También crea el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT, que permite dar aviso inmediato y bloquear preventivamente lotes sospechosos en un máximo de 6 horas. Incorpora un régimen sancionatorio especial para faltas graves, con multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso. Su aplicación será federal, articulada mediante el COFESA.
Ley contra el vandalismo rural
El proyecto impulsado por el PRO y avalado por LLA, UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con sanciones de hasta 8 años de cárcel por intrusión en campos y ataques al sistema de producción agropecuaria. La iniciativa, autoría del diputado Martín Ardohain (PRO), establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Será reprimido con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas no cosechadas o almacenadas en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios.