El oficialismo busca aprobar esta semana un tratado internacional con cambios en la política de medicamentos y una reforma a la Ley de Salud Mental. Gobernadores expresan observaciones por el traslado de responsabilidades sin fondos. El Senado podría sesionar el jueves.
El Poder Ejecutivo intentará esta semana avanzar en el Congreso con la aprobación de un tratado internacional que contiene un capítulo de reforma de la política de medicamentos y modificaciones a la Ley de Patentes vigente. La sesión en el Senado no ha sido convocada formalmente, según fuentes legislativas, porque la intención del oficialismo es que el tratado se apruebe junto con una reforma a la Ley de Salud Mental, proyecto que aún no cuenta con dictamen de comisión.
De concretarse, el Senado ratificaría una aprobación de la Cámara de Diputados que modificó la primera sanción del proyecto que la cámara alta realizó en 1998. En aquella oportunidad, los laboratorios locales fijaron posición y el Senado aprobó por unanimidad. Al tratarse de un tratado, la aprobación de 1998 no perdió estado legislativo y puede recibir tratamiento en cualquier momento.
La reforma de patentes involucra a los laboratorios, industria multinacional con presencia en el país. La industria farmacéutica argentina es la más importante de América Latina, según datos del sector. El tratado es promovido por Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas.
El proyecto de Salud Mental tiene observaciones de gobernadores porque la reforma traslada a las provincias la atención de la salud mental sin asegurar los fondos para asumir esa responsabilidad. Situación similar se presentó, según legisladores, con la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Ley de Villas, que delegaban tareas y gastos en las provincias.
El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el tratado de patentes, por lo que no se descarta que el debate de Salud Mental se postergue para otra oportunidad. La sesión, de convocarse para el jueves, requeriría el cumplimiento de plazos reglamentarios que no se ajustan a esa fecha, según el reglamento del Senado.
En tanto, la reforma de la carta orgánica del Banco Central no avanza en el Congreso. El Gobierno prefiere no impulsar el debate por las discusiones generadas en torno al destino de las reservas en oro de la institución. La Auditoría General de la Nación (AGN) ha señalado en informes una pérdida de recursos por el traslado del oro, y el Banco Central declaró secreta la transacción. Según un informe de la AGN, recién en abril de 2026 se consensuó entre AGN y BCRA el modo de acceso a la documentación, que consistió en la visualización en una PC del BCRA con labrado de acta.
La senadora Patricia Bullrich, en una comisión del Senado, declaró: «Más allá de todas las cosas que se dicen del oro, el oro está cuidado. Está en el mismo lugar que hace veinte años. No ha cambiado para nada. Esperen tener la próxima auditoría, que esperamos tener en poco tiempo, y ahí podrán ver. Espero que, en ese momento, se retracten de las cosas que dijeron respecto al oro.»
El oficialismo también impulsa otros proyectos, como la ley de defensa por Malvinas y el presupuesto, que se encuentran en comisión. En el proyecto de Malvinas, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, argumentó la necesidad de sancionar nuevos delitos para impedir que se repitan casos como el proyecto Quito, iniciativa del espionaje de la liga de países «Five Eyes» para husmear en la intimidad de funcionarios argentinos. La funcionaria utilizó un argumento que había usado Cristina de Kirchner en aquellos años.
La intención del Gobierno es dejar planteadas restricciones y compromisos para futuras administraciones con leyes cerrojo. Entre los proyectos frenados en el Congreso se encuentran: inviolabilidad de la propiedad, que salió del Congreso sin los capítulos de Tierras, Villas ni Fuego; sociedades, súper RIGI y la reforma del Banco Central.
La composición del Senado cambió a partir de diciembre de 2025. El control pasó del grupo de 37/38 senadores que había logrado reunir el oficialismo gracias a la tarea del exsenador Juan Carlos Romero, a una primera minoría que tiene como eje al bloque de La Libertad Avanza, coordinado por Patricia Bullrich. Desde diciembre pasado, la Cámara tiene un polo de poder conformado por una decena de senadores de la UCR, que han cotizado una asesoría a cargo del exsenador por el Chaco Víctor Zimmermann, que funciona como mesa de arbitraje de los proyectos que pasan por la cámara. A esa mesa acude Bullrich a negociar los proyectos en nombre del oficialismo.
Bullrich tiene un proyecto propio, desacoplado de Olivos en forma y fondo, y suele ceder más de lo que Olivos permite, según fuentes legislativas. Desde que dejó el Gabinete ha tomado una posición crítica ante cada posición adoptada por el Gobierno.
El oficialismo también ha dictaminado que en la sesión de esta semana en Diputados se reponga la ley de Tierras de la familia Kirchner de 2011, con el objetivo de salvar el DNU 70, que se libró de que se prendiera fuego por ocho votos.
El proyecto contiene bombas de profundidad de detonación retardada en el tiempo, como el agravamiento de las responsabilidades del Estado en las expropiaciones. Para que estas iniciativas prosperen, el Gobierno cede todo lo posible, aunque queden reducidas por aliados y opositores. La ley de salud mental se enredó por un debate de fondo sobre la naturaleza misma de las enfermedades mentales, y no sale de una comisión del Congreso.
El Gobierno insiste y podrá tenerla. Lo mismo ocurre con la ley de patentes, que tendrá sanción con concesiones a las dos ligas de empresas del sector, grandes aportantes de fondos de campaña a todos los partidos en todas las elecciones. Como hay acuerdo entre Gobierno y aportantes, se festejará el resultado, que, según los críticos, reducirá los beneficios de los clientes de las farmacias.
El desempeño del oficialismo en el Congreso puede servir como ejemplo del llamado Efecto Dunning-Kruger, que explica la conducta de personas incompetentes que confían plenamente en su propio juicio porque son demasiado incompetentes para darse cuenta de su incompetencia.
El entendimiento objetivo que tiene Bullrich con Victoria Villarruel, que tampoco desperdicia las oportunidades de tomar distancia de Olivos, suma dificultades al oficialismo en la Cámara. Las dos senadoras juegan además con eventuales candidaturas presidenciales y sobreactúan sus diferencias con el Gobierno.
Los nuevos proyectos, como la ley de defensa por Malvinas o el presupuesto, están enredados en comisiones a las que los funcionarios del Gobierno van con argumentos provisorios que no prometen mucho. En el proyecto de Malvinas, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, argumentó que se deben sancionar nuevos delitos para impedir que se repitan casos como el proyecto Quito.
Este proyecto fue una iniciativa del espionaje de la liga de países llamada «Five Eyes», para husmear en la intimidad de funcionarios argentinos por si estaban preparando alguna agresión a Gran Bretaña por Malvinas. La funcionaria echó mano de un argumento que había usado Cristina de Kirchner en aquellos años, cuando se indignó por los espías de los «Cinco Ojos» (EE. UU., Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, administradores del sistema SIGINT).
En la intención de malvinizarse, el Gobierno manoteó los argumentos de Cristina, cuya prisión ha festejado. Los curiosos pueden ver esta trama en los libros «The Secret History of the Five Eyes: The Untold Story of the International Spy Network» (2025), de Richard Kerbaj, y «Permanent Record: A Memoir of a Reluctant Whistleblower» (2019), de Edward Snowden.
Cristina de Kirchner ha contado su reunión en Moscú en abril de 2015 con Snowden en el libro que firma «Sinceramente» (2019). También el oficialismo ha dictaminado que en la sesión de esta semana en Diputados se reponga la ley de Tierras de la familia Kirchner de 2011. Todo con tal de salvar el DNU 70, que se libró de que se prendiera fuego apenas por ocho votos.
El proyecto contiene bombas de profundidad de detonación retardada en el tiempo, como el agravamiento de las responsabilidades del Estado en las expropiaciones. Para que estas iniciativas prosperen, el Gobierno cede todo lo posible, aunque queden jibarizadas por aliados y opositores. La ley de salud mental se enredó por un debate de fondo sobre la naturaleza misma de las enfermedades mentales, y de la que no sale en una comisión del Congreso.
Igual, el Gobierno insiste y podrá tenerla. Lo mismo ocurre con la ley de patentes, que tendrá sanción con concesiones a las dos ligas de empresas del sector, grandes ponedoras de fondos de campaña a todos los partidos en todas las elecciones. Como hay acuerdo entre Gobierno y ponedoras, se festejará el resultado, que, según los críticos, reducirá los beneficios de los clientes de las farmacias.