El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California recibió más de 160 denuncias por demoras en la liberación de fondos de seguros desde enero de 2025. Las autoridades establecieron un plazo de dos semanas para que bancos y cooperativas de crédito presenten informes sobre la gestión de esos pagos.
El Estado de California ordenó a bancos, cooperativas de crédito y otros prestamistas hipotecarios que informen cómo gestionan los pagos de seguros destinados a los sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles de 2025. La medida responde a más de 160 denuncias por demoras recibidas por el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI) desde enero de ese año.
La Agencia de Servicios Empresariales y del Consumidor de California y el DFPI fijaron un plazo de dos semanas para que las entidades presenten sus informes. Rohit Chopra, secretario de la Agencia, calificó la situación como inaceptable.
“Después de atravesar un laberinto de trámites para presentar reclamos de seguro, algunos sobrevivientes de los incendios aún no tienen acceso a los fondos que necesitan para reconstruir”, declaró en un comunicado recogido por Associated Press.
Los incendios de Palisades y Eaton arrasaron más de 16.000 viviendas y otras estructuras en vecindarios residenciales de Los Ángeles y sus alrededores. Muy pocas de esas propiedades se reconstruyeron, un problema que las autoridades estatales atribuyen, en parte, a la lentitud con la que los prestamistas liberan el dinero de las pólizas.
En julio, el gobernador Gavin Newsom envió cartas a las asociaciones bancarias y cooperativas de crédito tras recibir informes de propietarios que aseguraban que los prestamistas retenían los pagos durante semanas antes de liberarlos. En esa ocasión, instruyó al Estado a recopilar datos sobre las entidades que tardan más de 10 días en distribuir los montos y que no desarrollan un plan para acelerar los desembolsos.
El año pasado, Newsom también impulsó una ley que obliga a bancos y cooperativas de crédito a pagar intereses a los propietarios sobre los montos de seguro que mantienen retenidos. “Lo último que necesitan los sobrevivientes es burocracia innecesaria, demoras y barreras entre ellos y el alivio que merecen”, agregó el gobernador en un comunicado.
Para Joy Chen, directora ejecutiva de Every Fire Survivor’s Network, una organización sin fines de lucro liderada por sobrevivientes de los incendios de 2025, la urgencia es clara. “Cada día que esperan para pagarnos, están cobrando intereses. Y esos intereses realmente nos pertenecen”, afirmó en declaraciones difundidas por Associated Press.
Los prestamistas liberan el dinero del seguro en etapas, conforme avanza la reconstrucción. Sin embargo, las discrepancias entre las entidades financieras y los contratistas sobre el porcentaje de obra completada generan retrasos que frenan el proceso, explicó Chen.
Annie Barbour, coordinadora de recuperación de United Policyholders, una organización que defiende a los consumidores de seguros, advirtió sobre las consecuencias que la espera prolongada genera para las víctimas. “Cuanto más tiempo están fuera de sus hogares, mayor es la agitación emocional”, señaló.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios de California indicó que alertará a sus miembros sobre los nuevos requisitos y los instará a evaluar si pueden procesar los pagos de manera más eficiente. “Seguiremos trabajando con nuestros miembros, la oficina del gobernador y los reguladores para ayudar a los sobrevivientes a recibir los montos de su seguro sin demoras innecesarias”, afirmó su director ejecutivo, Paul Gigliotti.
Las disputas sobre quién debe asumir los costos financieros derivados de los incendios forestales en California acompañaron a Newsom durante casi 8 años en el cargo. El gobernador asumió en 2019, apenas meses después del incendio más mortífero y destructivo en la historia del estado, que las líneas eléctricas de Pacific Gas & Electric provocaron.
En su última sesión legislativa, impulsó un plan para que las aseguradoras de viviendas asumieran una mayor parte de los costos, pero el acuerdo colapsó ante la falta de consenso entre los legisladores.