La Libertad Avanza abrirá este martes el debate del Presupuesto 2027 en comisión. La oposición solicitó una sesión especial para derogar el DNU 70/2023 y tratar la emergencia en discapacidad. Para el jueves se prevé una movilización frente al Congreso.
La Libertad Avanza abrirá este martes el debate por el Presupuesto 2027. A las 12 se reunirá la comisión que encabeza Alberto «Bertie» Benegas Lynch. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, será el encargado de la defensa técnica y política por parte del Gobierno. Según informaron fuentes oficiales, Guberman mantuvo contactos previos con Gabriel Bornoroni y bloques aliados, donde recogió reclamos por fondos para obras viales y deudas previsionales de la ANSES. El Gobierno busca contraponer la asignación de partidas para discapacidad como un gesto «superador» frente a la emergencia que reclama la oposición.
El Presupuesto operará como moneda de cambio central con los gobernadores en la estrategia de la Casa Rosada para suspender o eliminar las PASO, uno de los objetivos políticos del Gobierno con vistas a las elecciones de 2027.
La hoja de ruta oficialista apunta a emitir dictamen antes del 7 de noviembre, fecha previa a la visita del papa León XIV al país, aunque la llegada está en duda. El objetivo es que se trate en el recinto el 17 de noviembre para evitar la extensión de las sesiones ordinarias.
El debate presupuestario no llegará solo. El miércoles, Diputados abordará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras su paso por el Senado, el oficialismo prometió a sus aliados restituir por vía legislativa los topes a la venta de tierras a extranjeros fijados en la Ley de Tierras, luego del fallo de la Corte que frenó la derogación de la norma. Si el articulado se modifica, el proyecto deberá volver en segunda revisión a la Cámara Alta.
En paralelo, continuará la discusión del proyecto de Ley Malvinas de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo sostiene el texto original con dos premisas: el proyecto no se divide y solo se admitirá la creación de una comisión bicameral de seguimiento, sin ceder al Poder Legislativo ningún lugar en la mesa de decisiones ejecutivas. El peronismo prepara un dictamen de minoría enfocado solo en el primer capítulo, descartando el articulado donde el Gobierno vincula la seguridad interior con la figura del terrorismo y crea un consejo de participación exclusiva del Ejecutivo.
Todas las miradas se concentrarán en la jornada del jueves. La oposición agrupada en Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Unidos solicitó una sesión especial para tratar la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y la ley sobre morosidad y endeudamiento de las familias.
En los despachos oficiales confían en neutralizar el quórum y apuestan a su propia convocatoria de sesión para el miércoles 21. En la oposición admiten que la falta de números propios buscará compensarse con la presión social de la calle.
Desde las 10:30 de la mañana, la zona del Congreso será el escenario de una movilización que incluirá a la V Marcha Federal por el financiamiento universitario, junto a agrupaciones estudiantiles, docentes y científicos que reclaman la actualización de becas y fondos salariales. Se sumarán la CGT, las CTA, movimientos sociales, colectivos de inquilinos, jubilados y endeudados.
Las proyecciones oficiales del Gobierno para 2027 contemplan un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un dólar a $1.847, por encima de la cotización actual.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los ingresos crecerán un 3,5% real, mientras que los subsidios energéticos caerán un 25,2%. El proyecto también prevé un aumento real del 3,4% del gasto total y un superávit financiero de $0,2 billones para la Administración Pública Nacional.
En materia social, las prestaciones previsionales aumentarían un 2,5% real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) subirían un 0,7%. En contraste, la Prestación Alimentar tendría una caída real del 10,5%, sin cambios previstos en la cantidad de beneficiarios, estimada en 4,5 millones de personas.
En salud, el gasto agregado de los establecimientos nacionales crecería un 2,3% real, aunque con diferencias entre instituciones. La inversión en defensa aumentaría un 31,5% frente a las asignaciones de 2026. El proyecto contempla además $500.000 millones para gastos electorales y una reducción real del 0,7% en las transferencias a las provincias.
La distribución del gasto muestra el peso de las políticas sociales: el 58,5% del presupuesto se destinaría a la Seguridad Social, mientras que Educación representaría el 5,5%, Salud el 6,3% y Energía el 3,4%. Por el lado de los ingresos, el Gobierno proyecta un incremento de la presión tributaria de 0,64 puntos porcentuales, impulsado principalmente por Ganancias, el IVA, los impuestos a los combustibles y los recursos provenientes del comercio exterior.
Las estimaciones deberán leerse en función de los supuestos macroeconómicos del proyecto. La OPC utiliza una inflación promedio del 21,1% para calcular las variaciones reales de ingresos y gastos, una referencia distinta del 18% de inflación anual informado en las proyecciones oficiales. La diferencia entre ambos indicadores debe quedar explicitada para evitar comparar cifras calculadas sobre bases distintas.