La directora del Servicio Penitenciario de La Rioja, Analía Tello, informó que la ocupación alcanza el 192,3% de la capacidad operativa. El proyecto de un nuevo establecimiento permanece sin financiamiento.
El Servicio Penitenciario de La Rioja aloja a 552 personas para una capacidad operativa de 287 plazas, según informó este lunes su directora, Analía Tello. La funcionaria también confirmó que el proyecto de un nuevo edificio penal está frenado por falta de financiamiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las cifras comunicadas por la responsable del organismo equivalen a una ocupación del 192,3% y a 265 internos por encima de la capacidad operativa. La diferencia surge de comparar la población alojada con las plazas que Tello considera efectivamente disponibles.
El diagnóstico compromete un servicio que depende de la administración de Ricardo Quintela. La directora sostuvo que el presupuesto provincial no permite afrontar la inversión del nuevo establecimiento y que su ejecución requiere recursos nacionales o un aporte extraordinario del Gobierno central.
Como antecedente, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de 2024 registró en la unidad provincial 478 personas y una capacidad declarada de 408 plazas. Ese registro calculó una sobreocupación del 17,2%.
La capacidad oficial de entonces y la capacidad operativa informada ahora son categorías distintas: no permiten deducir, por sí solas, cuántas plazas fueron eliminadas.
El problema también había sido examinado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. En su informe sobre la inspección de 2024, publicado en 2025, el organismo retomó recomendaciones para adecuar los criterios de alojamiento y revisar las medidas alternativas a la prisión. Consideró insuficientes las obras que la Provincia había comunicado.
Ese documento reclamó al Ejecutivo revisar la provisión de productos esenciales de higiene, la limpieza y la calidad de los alimentos. También recomendó fortalecer los equipos que atienden las demandas de las personas detenidas. Son observaciones anteriores al anuncio de este lunes sobre la población actual.
El informe del Comité también reclamó fortalecer la atención de salud y los recursos destinados a responder a las demandas de la población detenida. En materia de prevención de suicidios, registró la presentación de un protocolo provincial, aunque señaló la necesidad de trabajar en su desarrollo e implementación.