El organismo interamericano aprobó por unanimidad una resolución presentada por ocho países que insta al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a restablecer el espacio cívico, liberar a los presos políticos y restaurar la independencia institucional, entre otros puntos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves una resolución que exige al gobierno de Nicaragua poner fin a las represalias, restablecer el espacio cívico y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La resolución fue presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. Durante las negociaciones, Brasil, México y Uruguay manifestaron su oposición a algunas disposiciones de la iniciativa, alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Tras una negociación, el texto fue aprobado por unanimidad.
El documento exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo una serie de medidas, entre ellas:
- “Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.
- Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada;
- Restaurar la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias incluidos, entre otros a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas, y defensores de derechos humanos.
- Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos.
- Restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías.
- Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble.
- Proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva.
- Interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad”.